Por Óscar H. Morales Martínez
Leí una frase tan cierta como triste: “No deberíamos de criticar al gobierno mexicano, deberíamos agradecerle que el día de hoy estamos mejor de lo que estaremos la semana que viene.”
Todos los días cuando parece que la comedia de absurdos de la política mexicana nos ha dado su peor cara, surge una nueva idea o proyecto que supera la burla al entendimiento.
Se acusa sin pruebas, se libera al culpable, se exonera al allegado, se maldice al extranjero. Cumplimos 500 años de la Conquista y 200 de la Independencia y sigue levantándose el penacho, la lanza y el chimalli como efecto del trauma aún no superado de nuestra Nación.
Ser traidor a la Patria es un insulto muy grave, quizá el mayor, y se suelta con odio a quienes no enarbolan la bandera de la CFE y PEMEX y defienden los intereses “mezquinos” de las empresas que solo se han dedicado a explotar nuestra energía y petróleo.
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar en un boletín de prensa fechado el día 22 de febrero, propone que, con motivo de la visita del Presidente de Argentina en México, se considere oportuno imponer una “contribución” a las personas que tengan “grandes fortunas”, para reducir los efectos causados por el COVID-19.
En síntesis, se aplicaría una tasa progresiva del 2% al 3.5% a las personas que tengan un patrimonio valuado a partir de veinte millones de pesos, aplicándose lo recaudado a apoyar a pacientes con COVID, comprar insumos médicos, adecuar instalaciones hospitalarias, investigación médica e incluso apoyar a pequeñas y medianas empresas.
El boletín concluye: “Quienes más tienen deben solidarizarse con nuestro país tal y como está ocurriendo en otras partes del mundo con los millonarios patrióticos.”
La primera pregunta obligada es: ¿no es obligación del gobierno ocuparse de estos gastos?
No se ha cansado la administración de la 4T en golpear al empresariado, en inhibir la inversión extranjera, en etiquetar y confrontar a la sociedad en ricos y pobres, en señalar corrupción sin pruebas, en denegar cualquier apoyo a las pequeñas y medianas empresas pidiéndoles que se rasquen con sus propias uñas. Y ahora ¿se le pide ser solidario a un sector de la población cuando no ha habido transparencia en las cuentas públicas y se desperdician miles de millones de pesos en obras caprichosas?
¿Qué sucedió con los fondos de los fideicomisos que se extinguieron?, ¿se aplicaron los recursos de manera transparente?, ¿se ha apoyado a la investigación?, ¿se ha hecho responsable el gobierno del pésimo manejo de la pandemia? ¿no ha sido un gran apoyo de los empresarios mantener sueldos y empleos pese al cierre obligado de los negocios y la falta de apoyos?
Es innegable que existe un grave problema económico a raíz de esta crisis sanitaria, pero había empezado la desaceleración previamente y, durante la misma, se ha agravado por las pésimas decisiones financieras que ha tomado el gobierno.
En otros países se han aplicado impuestos similares, pero esa no debe ser justificación para aplicar impuestos que llevan nombre y apellido de los contribuyentes. Conforme a nuestra Constitución Política, los impuestos deben ser proporcionales y equitativos y pagar impuestos es una obligación de TODOS los mexicanos, no solo de unos cuantos, por lo que tratar de imponer un impuesto a “las fortunas” sería inconstitucional, además de injusto por todas las consideraciones previas.
No se puede dar garrote y luego estirar la mano. Necesitamos un gobierno más eficiente y claro en sus finanzas públicas, donde exista rendición de cuentas y no una simulación o complicidad de las autoridades que las auditan.
Pero ¿qué puede esperarse cuando la respuesta del Gobierno siempre es que tiene otros datos? y, cuando lo agarran en la maroma (no olvidar el asunto de Pío López Obrador) se justifica el ilícito por tratarse de una causa noble: apoyar a la 4T.
No dudaría que para el año entrante se apliquen impuestos a las herencias y se eliminen exenciones a las donaciones. Se necesita dinero, sí. Pero se necesita que el gobierno cumpla su parte y también se le exija a los que no pagan impuestos y viven en la informalidad, principal hoyo de recursos públicos.
A ver en qué termina esta propuesta, pero el simple hecho de exponerla es de terror.
