Saraí Aguilar
“En América Latina, la pandemia de covid-19 agudizó los profundos esquemas patriarcales que afectan gravemente a las mujeres de la región: la violencia de género y los feminicidios aumentaron con el confinamiento, el cual también arrojó 23 millones de mujeres en situación de pobreza, llevó el 6% de ellas a dejar su empleo, y aumentó hasta 40% las cargas de trabajo no remunerado de cuidados”, publicó la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) la semana pasada.
Por ello no causa asombro que en la misma semana, en un comunicado, la asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, informó que el número de trabajadoras sexuales independientes en la Ciudad de México se duplicó debido a la pandemia de Covid-19. Antes de que se declarara la pandemia por coronavirus había 7 mil 700 trabajadoras sexuales en la capital del país. Actualmente la estimación es de 15 mil 200. El incremento se explica porque buena parte son mujeres que habían dejado de ejercer el trabajo sexual y volvieron a éste y una proporción similar es de quienes lo comenzaron a practicar a raíz de la crisis (Proceso 12-02-2021).
Esto ya se había alertado meses atrás. En septiembre se presentó un informe con las proyecciones que encomendaron ONU Mujeres y el PNUD, y que estuvieron a cargo de Pardee Centre for International Futures de la Universidad de Denver, mostrando que si bien la pandemia repercutiría en los niveles de pobreza en general, las mujeres serían las más afectadas, pero sobre todo las que están en edad reproductiva.
Los datos resumidos en el informe de ONU Mujeres From Insights to Action: Gender Equality in the Wake of Covid‑19 [Del conocimiento a la acción: la igualdad de género tras COVID‑19] asimismo muestran que la pandemia empujará a 96 millones de personas a la pobreza extrema en 2021, de las cuales 47 millones serán mujeres y niñas con pronósticos que estiman que esta cifra no volverá a los niveles anteriores a la pandemia sino hasta 2030.
Por ello, la CEPAL, en la presentación de su informe en la pasada semana, a través de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva del organismo regional, encomió a los gobiernos a implementar un “ingreso básico de emergencia” para las mujeres que salieron de la fuerza laboral como producto de la pandemia, en especial en América Latina donde la caída del PIB alcanzó el 7.7% en la región en 2020. Ahora imaginemos la situación para las mujeres en México donde el desplome fue del 9 por ciento.
No sólo no hay apoyos. En diciembre de 2020, a más de 6 meses del inicio del confinamiento, Ingrid Gómez Saracíbar, titular de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, admitió que no tenían ningún estudio hecho sobre el impacto del Covid-19 sobre la carga de cuidados de las mujeres, aun cuando se inició un programa de despensas y apoyos de 2 mil 170 pesos por tres meses, esto en coordinación con la Unión Europea (UE), la Secretaría de las Mujeres local y la organización Saber para la Vida A.C., con un alcance de apenas 600 mujeres (Expansión).
Caso similar en Tlaxcala, donde en diciembre pasado los integrantes de la LXIII Legislatura local decidieron eliminar el fondo para el “Programa Supérate Mujeres”, que tenía asignada una cantidad de 60 millones 692 mil pesos para poder funcionar este año. Decidieron reasignarlo a la agenda del gobernador en obra pública en municipios.
Tal parece que para las mujeres, el contagio no es el único riesgo en la pandemia, sino la violencia y marginación que desde antes nos acecha.
