Por Gerardo Galarza
Muchas de las buenas conciencias del país, encabezadas por su líder, han puesto el grito en el cielo ante la decisión de Facebook, Instagram y Twitter de suspender las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del asalto al Capitolio, sede del Congreso de aquel país, en donde sería calificada la elección presidencial de Joe Biden.
¡Censura!, se ha gritado en las mismas redes sociales “censuradoras”, y aquí el grito ha tenido eco multiplicador desde el micrófono más alto de la nación.
Esas redes sociales, como cualquier otra, pertenecen a empresas privadas que ofrecen, sí, un servicio público, pero bajo sus condiciones que ellos, basados en su propiedad, imponen a los usuarios, quienes para serlo deben autorizarlas a través de un clic en el cuadrito “aceptar”, luego de un mamotreto legal que nadie lee, pero en el que se incluyen las violaciones y sanciones en las que pueden incurrir, -además del permiso para acceder a sus datos personales, que al parecer a nadie le importa hasta que ocurre-, en donde se advierten de la probable suspensión de una cuenta de manera temporal, indefinida o permanente si no se cumplen con esas normas.
En otras palabras, las redes sociales dicen: nos reservamos el derecho de admisión, como ha apuntado la periodista Sonia Morales; si quieres ser parte del club debes respetar las reglas del club, que en enero del 2020 tenía en el mundo unos 2 mil 850 millones de miembros tan sólo en Facebook y Twitter: 2 mil 500 millones y 350 millones, respectivamente, según Hootsuite.
Las redes sociales no son medios de comunicación. Son plataformas digitales al servicio de sus usuarios y… sus anunciantes, que pagan su supuesta gratuidad, en un modelo parecido a la televisión abierta “gratuita” para audiencias cautivas y, en este caso, analizadas y seleccionadas por algoritmos para una mayor efectividad. Y acá además hay otra moneda de pago: los datos personales de los usuarios.
Esas empresas no son tontas ni siquiera ingenuas. Sus expertos abogados han elaborado sus normas basados en lo que la ONU y cualquier otro organismo internacional definen como libertad de expresión y que generalmente está reflejada, aunque con diferentes redacciones, en todas las legislaciones del llamado mundo libre.
Es decir, limitan lo que ya está limitado en las legislaciones nacionales: incitación a la violencia, al odio, a la discriminación, los derechos de terceros, la vida privada, por ejemplo.
No hubo censura. Se aplicaron las reglas que Trump aceptó al volverse usuario de esas redes, propiedad de poderosas empresas globales, antes apenas trasnacionales, que lograron callar al que se supone el hombre más poderoso del mundo en su convocatoria contra las instituciones democráticas de su país.
Sin embargo, no le falta razón a Marco Gonsen, editor periodístico que sabe editar y que conoce bien el mundo de la redes, al sostener que el silenciamiento de Trump tuvo efectos contrarios a los que se buscaban: su mensaje llegó mucho más allá de los usuarios de las redes a través de los medios de comunicación tradicionales que publicaron y siguieron la noticia. El efecto “cerco informativo” que bien conocemos en México.
Pero, censura no la hubo.
