El discurso anticorrupción de los presidentes mexicanos no es novedoso; ocurre con mayor o menor intensidad cada sexenio, pero nunca se olvida: hay que ajustarle cuentas al pasado; los corruptos son los de antes, aunque el gobierno en turno provenga de los de antes.
En la lucha contra la corrupción José López Portillo encarceló a Eugenio Méndez Docurro y a Félix Barra García, exsecretarios de Estado de Luis Echeverría. Miguel de la Madrid impulsó la “renovación moral de la sociedad” y a la cárcel fue Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, exprecandidato presidencial y senador. Carlos Salinas de Gortari encarceló a Joaquín Hernández Galicia, a Carlos Jonguitud Barrios y a Eduardo Legorreta. Ernesto Zedillo llevó a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari, hermano de expresidente de la república, y a los banqueros Carlos Cabal Peniche, Jorge Lankenau y Ángel Isidoro Rodríguez El Divino.
Hoy el discurso anticorrupción se usa para conseguir el regreso de un sistema que se creía superado ya en México: el poder de un ser único: el presidente de la república, que en sus manos debe tener los poderes político, económico y social. La autocracia.
La doble moral del doble discurso. No resulta difícil saber y suponer que en muchos de los fideicomisos gubernamentales ha habido corrupción y que, por lo tanto, es necesario corregirla, y se hace acabando con ellos sin averiguación previa.
El periodista Joel Hernández Santiago utiliza una metáfora exacta: por una o varias manzanas podridas se tala el manzano.
Eso es lo que se ha hecho con la extinción de 109 fideicomisos de diversa índole, para entregar “directamente” sus recursos a los beneficiados de antes, según se ha tratado de explicar.
Esos 109 fideicomisos implican fondos para la compra de medicinas para enfermedades “catastróficas” (cáncer de mama, cáncer de niños, diálisis, entre otras), recursos para las zonas devastadas por terremotos, huracanes y otros desastres naturales y sus damnificados; apoyos a discapacitados, científicos, académicos, artistas, cineastas, deportistas y mucho más.
Hasta el momento de escribir esta columna no se conocen públicamente a los responsables de la corrupción en esos fideicomisos; mucho menos se sabe de algún exfuncionario o funcionario (esos fideicomisos tienen dos años administrados por el actual gobierno) acusado de corrupción en el manejo de sus recursos. Es decir: hay acusaciones, pero no acusados; hay corrupción, pero no corruptos, pese a que esos fideicomisos están sujetos a la Auditoría Superior de la Federación.
Pero, para acabar con la “corrupción”, el Congreso decide que los recursos para los apoyos que manejaban los fideicomisos los reparta directamente el Poder Ejecutivo federal, el presidente de la república que como Santaclós sacará dinero de su costal para todo aquel que a su juicio lo necesite, sin ninguna regla de operación. El dinero público al servicio de la compra de votos.
El actual gobierno (más priista que los del PRI) dice que hay corrupción, que se le combate, pero no hay corruptos.
