La Secretaría de la Función Pública destituyó del cargo e inhabilitó a un profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) N° 6 “Miguel Othón de Mendizábal”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por agredir sexualmente a una alumna.
Su titular Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseveró que “el compromiso de este gobierno con las mujeres trasciende las palabras y se manifiesta en acciones y políticas públicas concretas. El acoso y el hostigamiento sexuales son inaceptables en la Administración Pública Federal”.
Esta es la primera vez que el Órgano Interno de Control (OIC) en el IPN sanciona una agresión sexual por ir en contra de los valores y principios establecidos por el Código de Ética de las Personas Públicas del Gobierno Federal, lo que sienta un precedente para este tipo de casos, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no especifica esta conducta como una falta sancionable.
En apego a la norma y con una perspectiva de atención a la comunidad politécnica, el OIC atendió de manera inmediata la denuncia presentada por la víctima en 2019, en la que acusó a un profesor de haberla atacado sexualmente dentro del plantel escolar.
Durante la investigación, en la que en todo momento se garantizaron los derechos constitucionales tanto de la denunciante como del acusado, se realizaron diversas diligencias, entre las que destacan recabar las declaraciones de la propia víctima y de otros estudiantes del mismo plantel.
Asimismo, como parte de los trabajos de coordinación con todas las autoridades competentes, se valoró e integró un dictamen psicológico emitido por peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Todo esto llevó a determinar las sanciones que, en el ámbito administrativo, corresponde imponer al profesor en su carácter de servidor público, quien, además, ya se encuentra privado de su libertad al también ser denunciado por la vía penal.
La Secretaría de la Función Pública recordó que, a diferencia del pasado, en la actual administración la atención a la violencia de género cambió, y ahora se ofrecen canales más sensibles y accesibles para denunciar y, sobre todo, se toman acciones concretas y sanciones contundentes para que no haya impunidad.
Para ello, emitió un nuevo Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, que entró en vigor en febrero de este año, y establece procedimientos de investigación y de sanción que posibilitan un efectivo acompañamiento para las víctimas y el acceso a la justicia.
Además, en marzo pasado se integró al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal una reforma instruida por la secretaria Sandoval Ballesteros para prohibir el acoso sexual, hostigamiento sexual y cualquier conducta que implique una violación a los derechos humanos.
Estas medidas tienen por objetivo generar ambientes seguros en toda la Administración Pública Federal. En el caso del IPN, que cuenta con 89 unidades académicas, y una población que incluye a cerca de 76 mil alumnas, posibilita tener mecanismos efectivos para la protección de la comunidad estudiantil.
El OIC en el IPN mantiene abiertos diversos expedientes de investigación por abuso, acoso y hostigamiento sexuales que conducirá, y en su caso sancionará, conforme a derecho corresponda como parte del compromiso para erradicar esos flagelos de la vida politécnica.
