Por Ivonne Melgar y Ximena Mejía.
A propuesta de Lorena Villavicencio (Morena), la Cámara de Diputados llamó a las autoridades del Estado de México a destituir de manera inmediata a los agentes policiales responsables de la violencia ejercida en la sede de la CNDH de Ecatepec, en contra de manifestantes los días jueves y viernes pasado.
El exhorto propone, además, que se capacite a los agentes policiacos bajo los estándares nacionales e internacionales en la materia incluyendo las perspectivas de derechos humanos; no discriminación; perspectiva de género; y principios para el uso de la fuerza.
Es alarmante que tan solo durante el mes de agosto de 2020, se registraron 93 feminicidios en el país, y que en el Estado de México se cometen el 15 por ciento de éstos, razón por la cual existen dos alertas por violencia de género.
Ecatepec es el municipio más peligroso para las mujeres en México, e incluye las dos alertas por violencia de género por: feminicidio y por el índice de niñas y mujeres desaparecidas.
En esa tesitura, la acción de las feministas, madres y víctimas de violencia de género en los hechos narrados es sin duda, un grito desesperado y justificado de exigencia de justicia y seguridad para sus mujeres.
Toma relevancia el traslado irregular del que fueron objeto las manifestantes a la Fiscalía de Atizapán, toda vez que, se transgredieron sus derechos humanos y aunque hubieren sido liberadas, ello no es suficiente para evitar el fincamiento de responsabilidades de los servidores públicos que actuaron con uso excesivo de la fuerza y sin apego a los protocolos correspondientes.
De tal manera que, lo único que esperan las víctimas de las fiscalías, es la información respecto con sus carpetas de investigación, el estatus de sus denuncias y en su caso, la reparación de daño causado.
