Redacción / México.– El primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, enviará al Senado de la República la petición de consulta pública, a fin de “preguntar al pueblo de México un asunto de trascendencia nacional”, enjuiciar a los últimos cinco expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
Haciendo uso del derecho que le confiere la ley Ley Federal de Consulta Popular en su capítulo II, artículo 12, fracción I, López Obrador solicitará que este recursos se incluya en el ejercicio electivo a celebrarse el domingo 6 de junio de 2021.
En su conferencia matutina, dio lectura a su exposición de motivos, refiriendo que durante los mandatos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se profundizó la desigualdad en México en lo que llamó el “periodo neoliberal o neoporfirista”.
“Entre el 1º de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa gráfica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista”.
Así lo expuso:
“La desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fue en el sexenio de Carlos de Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, y no es casual que, al mismo tiempo, se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos.
“El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070.
“Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social del alcanzar la democracia y la alternancia; sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición.
“Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México.
“La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevará al Tribunal Electoral a anular la elección, como en ese tiempo desde la oposición formalmente lo exigimos”.
Al finalizar la lectura del documento, el Ejecutivo federal procedió a firmarlo para ser enviado hoy mismo al Senado de la República, pues señaló que la recolecta de firma realizada por los ciudadanos, solo ha recaudado poco más de 2 millones de rubricas.
