La semana pasada se aprobó en la Junta de Gobierno de Inmujeres una reducción de 151 millones de pesos de las partidas 2000 de materiales y suministros y 3000 de servicios generales.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, en entrevista con Animal Político, admitió que el recorte del 75 por ciento al gasto operativo impactará en acciones concretas como la elaboración de estudios, pero que, no obstante, cumplirían las acciones fundamentales en pro de las mujeres a través de gestiones y alianzas. “Pero lo sustantivo, lo estratégico, lo que realmente permite trabajar en el día a día, lo hemos preservado”.
Para Nadine Gasman, no pasa nada. En el afán de justificar a la 4T, deja de lado la labor que le fue encomendada. Las argucias discursivas no se hicieron esperar. “La mayor parte de las personas beneficiarias de los programas prioritarios del gobierno federal para el desarrollo social son mujeres. Los apoyos que reciben les están permitiendo buscar un mejor futuro”, declaró el fin de semana previo al recorte.
Tal vez olvidó que la problemática de las mujeres es mucho más compleja que entregar dinero en efectivo. Que las mujeres en México viven en pobreza, sí, pero también en inequidad y violencia. Que la falta de oportunidades educativas y laborales, los feminicidios, la falta de acceso a servicios de salud y las muertes evitables, entre otras problemáticas, siguen afectando a las mujeres mexicanas.
Hablar de un mejor futuro resulta irónico cuando la amenaza de la muerte violenta es una constante en la vida de las mujeres mexicanas. En 2019 se reportaron 2 mil 825 asesinatos a mujeres en todo el país, de los cuales mil 6 casos se tipificaron como feminicidios a enero de 2020 (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Según el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, los feminicidios han aumentado 137 por ciento en los últimos cinco años (CNN 09-03-2020).
Y a pesar de que el gobierno niegue el recorte, al Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas se les notificó que se les cancela por completo el presupuesto federal que tenían para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Animal Político 13-07-2020).
Conavim asegura que Hacienda lo ordenó sin dar explicaciones sobre el criterio seguido y en total se quitaron 33 por ciento de recursos federales a este mecanismo. De acuerdo con El País (14-07-2020), Candelaria Ochoa, ahora extitular de Conavim, firmó un día antes de su salida, el 29 de junio, la orden para los recortes.
En verdad, funcionarias, mujeres de la 4T, ¿no pasa nada? ¿Será posible defender más allá de lo indefendible políticas en lealtad con la línea oficial?
Al Fondo del Arcón
En medio de señalamientos de colectivos feministas, organismos civiles y de la presidenta del Congreso de Jalisco, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) de ese estado, Fela Pelayo, presentó su dimisión al cargo. Esto, debido a que se ostentaba como licenciada sin serlo. Tratándose de un requisito indispensable para el puesto, se le señaló de ejercicio indebido del servicio público como indica el artículo 145, y de usurpación de profesión, como dicta el artículo 170, ambos del Código Penal de Jalisco. A Pelayo se le ha menciona como supuesta recomendada de Hugo Luna, jefe de gabinete del gobernador Enrique Alfaro. ¿Acaso en Jalisco no acostumbran pedir cédulas y documentos a la hora de nombrar a un funcionario? Duda sin afán de grillar.
