Las instituciones también viven los estragos de la pandemia del COVID-19, más allá de modificar sustancialmente sus formas de laborar, se han visto en la necesidad de adecuar sus presupuestos, ante eventuales disminuciones de las partidas de ingresos y con la finalidad de ser congruentes con la circunstancia de emergencia sanitaria y económica que ha traído consigo.
Una de esas estrategias de adecuar gastos ante la realidad que trajo la pandemia le ha correspondido al Instituto Nacional Electoral, y a través de su Presidente, motivó a las personas que presiden los organismos públicos locales electorales en cada entidad a que, frente al proceso electoral del 2021, que dará inicio en septiembre de este año, consideren realizar presupuestos racionales y congruentes.
Racionalizar los recursos de una institución que se encarga de organizar elecciones, ya sea en ámbito nacional o en local, es una tarea que implica realizar un ejercicio a conciencia, pues no se trata únicamente de decidir ahorrar, se debe analizar en qué rubros resulta conveniente hacer las disminuciones y que ello no afecte la tarea esencial: organizar procesos electivos.
El INE y los Oples, tendrán que inyectar la mayor parte de sus dineros a los recursos humanos que se necesitan en todas las etapas del proceso electoral, pues de eso depende integrar debidamente las mesas directivas de las casillas a instalarse, con personas idóneas para recibir y contar los votos, la capacitación de esos ciudadanos y ciudadanas; y, previamente, la contratación de los Asistentes y Capacitadores Electorales, en quienes recae la responsabilidad de ir, casa a casa, buscando a las personas insaculadas, capacitarles, entregar materiales y documentación electoral, apoyar el día de la jornada, recolectar paquetes electorales, y un sinfín de funciones que les competen.
Esa parte, es quizá la más visible, o la que más se difunde, pero al interior de los institutos electorales, nacional y en cada entidad, se instalan los consejos distritales y municipales, quienes se encargan de la interacción inmediata en cada distrito y municipio para la organización de la elección y los ejercicios posteriores a la jornada: sesiones de cómputos y resultados, es posible que estas tareas, también sean conocidas por la ciudadanía, y evidentemente no son las únicas que desarrollan, deben estar atentos, entre otras actividades a la difusión y propaganda de las diferentes campañas políticas, organización de foros y debates de personas candidatas, resguardo de documentación y materiales, son pues garantes de la equidad del proceso en todas sus etapas.
Dentro de las tareas, ordinarias dentro de un proceso electoral, existen un sinfín de actividades que se calendarizan, que van gestándose conforme pasan los días y semanas, preparando diseños de los diversos documentos que se utilizan en la jornada electiva, los sistemas de recolección de materiales y paquetes, rutas, seguridad de la documentación y boletas; programación para el acopio de datos y tener a tiempo los resultados preliminares. Organizar el voto en el extranjero, la cartografía, ubicación de casillas, fiscalización de las campañas electorales.
Al interior de los institutos, deben funcionar otras áreas que realizan tareas fundamentales, para su vida orgánica: jurídico, contraloría interna, administrativo, comunicación social, difusión, servicio profesional, entre otras, y que indirectamente, permiten el pleno desarrollo de otras que se encuentran desarrollando tareas esenciales para las elecciones.
A todo ello, habrá que sumar, que el INE prevé la implementación de mecanismos nuevos, pues el reto son elecciones inéditas ante la pandemia, que ocasionó el diferimiento del proceso local de los estados de Hidalgo y Coahuila.
Por ello, racionalizar recursos implica sacar a flote las ideas más creativas para hacer, no lo mismo, sino más, con menos; para entre muchas otras tareas prioritarias, impedir que la pandemia sea utilizada como estrategia electoral, que los recursos del Estado se disfracen de apoyos por la emergencia sanitaria y se utilicen arbitrariamente para conseguir el voto de la ciudadanía.
Lanzando una propuesta al aire, el INE y en sus ámbitos de competencia, los Oples, debieran diseñar una estrategia para que las personas candidatas y los partidos políticos gasten los menos recursos económicos posibles, en artículos promocionales y propaganda, con la finalidad de que, muestren una actitud empática con el electorado, ante la emergencia por el COVID-19, pues resulta contradictorio pensar que, mientras las autoridades electorales racionalizan sus recursos económicos, la ciudadanía en su mayoría, enfrenta circunstancias en su economía adversas por los estragos de la pandemia, en los periodos de pre campañas y campañas electorales, exista un gasto irracional de recursos.
El costo de la realización de promocionales para radio y televisión, propaganda visual en pantallas electrónicas, espectaculares, contratación de vallas publicitarias, aunado a los artículos para difundir la imagen y nombre de las personas aspirantes a un cargo público, precisamente en este momento pueden parecer ofensivos para una sociedad que, por lo menos quiere servicios médicos dignos, mantener sus trabajos, poder pagar sus cuentas pendientes, colegiaturas y necesidades básicas.
La invitación a racionalizar recursos debe ser integral y con finalidades específicas en beneficio de la ciudadanía y jamás en perjuicio de la democracia.
