A poco más de 60 días de confinamiento por Covid-19, estamos viviendo el incremento de múltiples manifestaciones de violencia, siendo la violencia contra las mujeres una de las más graves y urgentes de atender. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, durante marzo y abril de este año se recibieron 218 mil 731 llamadas de emergencia al 911, relacionadas con violencia ejercida contra las mujeres. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, existe un incremento en las atenciones a nivel nacional por violencias familiares durante el confinamiento del 78.5 por ciento, en comparación al 2019.
Ante esta emergencia, el gobierno federal se ha presentado tibio, omiso e indiferente. Prueba de ello es la postura que mostró el Ejecutivo en días pasados. Y la más reciente manifestación de desconocimiento del problema y de falta de voluntad política, es la campaña Cuenta hasta 10 y saquen la bandera de paz, presentada por la Secretaría de Gobernación. Realizada con completo desconocimiento y desde una posición que sugiere que esta violencia es un asunto individual, que se previene con el “control de un impulso”.
Las campañas de prevención de la violencia de género, tendrían que estar fundamentadas, en primera instancia, en un análisis teórico que otorgue las posibilidades reales de luchar contra las causas que la originan. Esta violencia tiene especificidades que determinan su complejidad, que son de carácter cultural, ideológico y estructural, y que no se pueden seguir ignorando.
No olvidemos que la insistencia de omitir la naturaleza y gravedad del problema, continúa cobrando 11 vidas diarias y vulnerando muchas más.
En este sentido, el gobierno federal es quien podría empezar a contar hasta diez, considerando –por lo menos– los siguientes puntos determinantes para el diseño de campañas más efectivas contra la violencia de género:
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- Reconocer que la ideología patriarcal, es donde se gestan y sostienen las ideas y prácticas violentas hacia las mujeres. Ideología que justifica el sexismo y la misoginia, normalizando de múltiples formas la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres.
- Identificar los tipos de violencia contra las mujeres, que suceden en el ámbito familiar. Al respecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que los tipos son: la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres; dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación.
- Regular contenidos mediáticos que difunden mitos sobre el “amor romántico”, que contienen una base profundamente misógina, y justifican relaciones de dominación, control, y agresión, por parte de los hombres hacia las mujeres. Mitos que asocian al amor con la muerte, ideas en las que se apoya la violencia feminicida.
- Implementar políticas públicas que incorporen la perspectiva de género en el sistema educativo. Urge desmontar la normalización de la violencia, a través de la intervención de los agentes socializadores, en este caso del sistema educativo.
- No evadir la responsabilidad del Estado. Que está obligado a reconocer la violencia doméstica, como una de las violaciones de derechos humanos más preocupantes a nivel mundial. El Estado es el responsable de garantizar una vida digna, libre de violencia para las mujeres, así como el acceso a la justicia.
- Investigar con perspectiva de género. Para lo cual es necesario el reconocimiento de las relaciones de poder que se dan entre los géneros, relaciones que resultan predominantemente discriminatorias para las mujeres; y que estas relaciones de desigualdad tienen expresiones concretas en todos los ámbitos y relaciones sociales.
- Impartir justicia y con perspectivo de género. Es apremiante erradicar la impunidad que perpetúa la desigualdad entre los géneros; así como la idea de permisibilidad en la que se cubren múltiples manifestaciones de violencia en contra de las mujeres.
- Designar el presupuesto necesario para atender las violencias contra las mujeres. Considerando la seguridad de las mujeres un tema prioritario e impostergable; un problema urgente de seguridad, salud y educación públicas.
- No más recortes presupuestales a refugios ni organizaciones civiles, que atienden de forma integral a las víctimas. Al reducir las alternativas de contención y atención, se vulnera a las víctimas, poniéndolas en un riesgo inminente. Tampoco a la investigación, sin datos no se pueden crear políticas públicas efectivas.
- ¡No más omisión! Cerrar los ojos ante la problemática es inaceptable, la posición del gobierno actual representa precisamente lo que se busca erradicar: la normalización de la violencia contra las mujeres; la omisión ante una realidad estructural que condiciona la vida de millones de mujeres: 43.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más, ha enfrentado violencia por parte de su pareja, esposo o novio actual o último, situación que además, se ha mantenido en niveles similares durante los últimos 10 años (ENDIREH 2016).
Como vemos, la violencia de género contra las mujeres, no se resuelve “respirando”, ni sacando “banderas de paz”, mucho menos insistiendo en posturas y modelos patriarcales ni soluciones paliativas, se resuelve con voluntad política y social, y con conocimiento. ¿Cuándo el gobierno federal va a contar –por lo menos– estos 10 puntos?
