La emergencia sanitaria ha obligado a prácticamente todas las instituciones del país a replantearse el desarrollo de sus actividades cotidianas, todos los tribunales se encuentran a la expectativa de los semáforos para el retorno a las oficinas y a las tareas de impartición de justicia.
El regreso, inicialmente se pensó para el 20 de abril, hace ya más de un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo el mandato del gobierno federal de sana distancia, determinó ampliarlo al mes de mayo, y el 21 pasado, concluyó en reunión virtual que mantendrían las actividades a distancia durante todo el mes de junio, por tanto, mediante acuerdo general aprobó el uso del sistema electrónico con el que cuenta el máximo tribunal del país, para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica.
La determinación del Pleno de la SCJN cumple con las obligaciones que en materia de impartición de justicia establece la Constitución Federal y los instrumentos internacionales, respecto del acceso efectivo, en igualdad de condiciones, a procesos jurisdiccionales de manera pronta y expedita.
Para llevar a cabo los juicios con el uso de las tecnologías de la información a través del sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todas sus etapas, así como para la celebración de audiencias y comparecencias a distancia, se aprobaron los lineamientos y requisitos específicos, entre los que se encuentra el uso de la FIREL (firma electrónica) o los certificados digitales y que son reconocidos por el Poder Judicial de la Federación, como se encuentra debidamente reglamentado.
Hasta este punto, todo es claro, salvo que cualquier persona se encuentre en la necesidad de acceder a un servicio gratuito de justicia, como la promoción de cualquier juicio, competencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que requiera su FIREL para ese efecto.
El trámite para contar con esa herramienta digital es el siguiente:
Ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en su portal oficial, buscar el sitio de la FIREL y seleccionar el apartado de “solicitud de un certificado digital de firma electrónica”; la persona usuaria debe descargar en un procesador la aplicación institucional y generar su Llave Privada (.key) y su Requerimiento de Certificación (.req); posteriormente adjuntar esos 2 archivos generados en el apartado de “Solicitar Certificado Digital”; después llenar un formulario de solicitud anexando documentos de identificación previamente digitalizados y deben ser legibles; hecho lo anterior, seleccionar una cita en los Módulos de Atención del Órgano que prefiera (puede ser en la SCJN, TEPJF y CJF) además de imprimir por duplicado el acuse. En su oportunidad acudir a la cita y presentar los documentos requeridos, con la finalidad de que el personal pueda cotejar, se tomará una fotografía, se digitalizará la firma autógrafa y se realiza un registro de huellas dactilares; autorizada la emisión del certificado digital se enviará por correo electrónico con las instrucciones para que sea descargado, finalmente se firma el acuse de recibo.
Es posible advertir que el trámite no es sencillo, y que se requieren varias herramientas para lograr contar con la FIREL, como una cuenta de correo electrónico, equipo de cómputo, escáner, conocimientos básicos de computación, por tanto, implementar la tramitación vía electrónica puede generar algún tipo de perjuicio o menoscabo en la persona que pretenda acceder a la herramienta digital.
Si bien, la ciudadanía podría decidir o no por el juicio en línea, y la acción del Estado se circunscribe a ofrecer accesibilidad en la impartición de justicia para todas las personas, lo cierto es que en México, gran parte de la población vive en zonas marginadas, de pobreza o pobreza extrema, que evidentemente no cuentan con servicios de internet, mucho menos con dispositivos electrónicos, es más, muchas de las personas no utilizan correo electrónico, en sus comunidades no hay internet público y en el peor de los casos ni siquiera hay luz.
Utilizar las tecnologías de la información para acceder a la justicia en un mundo globalizado puede ser algo casi natural, sin embargo, en México, prácticamente la mitad de los hogares tiene acceso a los servicios de internet o cuentan con equipo de cómputo, por tanto, existe una brecha de desigualdad entre quienes tienen acceso a esos servicios y quienes no, lo que evidentemente impactará en el propio acceso a la justicia en línea, es decir, no es accesible a toda la ciudadanía.
Al tiempo, conforme la pandemia dé tregua y se normalice la vida conoceremos las estadísticas de la activación de juicios vía electrónica.
