A veces damos los derechos humanos por sentado. Incluso en países como México, donde se han violado tanto, sabemos que son una obligación de los gobiernos, que quien no los respeta está actuando en contra de la democracia, que un día llegará la hora de la justicia frente a las anomalías. Hoy, en un escenario dominado por el COVID-19, muchos están ansiosos de cederlos.
Lo estaban desde hace tres semanas, cuando exigían que México tomara medidas tipo Europa para contener la pandemia. La justificación para no hacerlo era que todavía no había llegado el tiempo. La otra explicación, la que no se daba, era que nuestro país no contaba con los medios para encerrar a la totalidad de su población un mes sin que el hambre causara sus estragos. Y es que es fácil querer ser Italia o España cuando se tienen los recursos para comprar la despensa adelantada por meses, cuando no se vive al día.
Las medidas parecen haber tenido consecuencias varias en el llamado tercer mundo. Sí, quizás se esté conteniendo la pandemia en muchos sitios, pero el costo está siendo sumamente elevado. Detenciones arbitrarias, abusos de poder, falta de suministros son solo algunas de las consecuencias. México sabe tanto de estos atropellos que no debería querer saber ni un poco más.
La bandera ha sido esa: todas las medidas se tomarán con respeto a los derechos humanos. No podríamos esperar ni un poco menos. Con crisis o no, se supone que estamos construyendo una democracia.
En la Ciudad de México, las operadoras de telefonía han proporcionado información al Gobierno para que analice la afluencia de las calles y evalúe qué tanto se cumple la medida de quedarse en casa. No hay información personal sobre usuarios en concreto, aseguran, pero el límite se antoja frágil.
Ese es el estado de excepción: permitir cosas que en la normalidad nos parecerían inaceptables.
