El domingo 15 de marzo, la Ciudad de México vivió la jornada de consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2020 y 2021, así como la elección de las personas que integrarán las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS), el reto es mayúsculo porque ambos ejercicios se realizan con una normativa diferente aprobada por el Congreso de la Ciudad en agosto del año pasado.
Lo interesante no es solo la existencia de una nueva ley de participación ciudadana, ni el cambio de reglas, o la figura de COPACOS que sustituye a los Comités Ciudadanos, tampoco que este año se opinen los proyectos de dos ejercicios fiscales, la importancia radica en que, tanto en la Constitución de la CDMX, como en las leyes electorales y la propia ley de participación, se establecen los derechos político-electorales y nuevas formas de que la ciudadanía los ejerza de manera individual o colectiva.
Ahora bien, más allá de las figuras novedosas y la ley en marcha, lo destacable siempre debe ser la participación de las personas, que con su interés demuestran también un deber cívico. Pero el acudir al llamado de las instituciones y hacer ciudadanía, conlleva obligaciones que particularmente en materia electoral resultan de difícil atención para quienes participan.
No bastan solo las intenciones de presentar proyectos para ser consultados o candidaturas para la representación en las unidades territoriales, es necesario capacitar y dar un seguimiento a la ciudadanía, ya que algunos de los procedimientos son de difícil acceso o totalmente desconocidos para las personas en general, no importando el nivel educativo o de conocimientos, tampoco tiene que ver la experiencia, ya que muchas de las que participan lo hacen desde hace casi 20 años que estos ejercicios de democracia participativa se implementaron en la Ciudad de México.
Ahora, con mayores herramientas electrónicas pareciera que todo es más accesible, sin embargo, la realidad es que aún en esta ciudad no todas las personas tienen acceso a computadoras e internet, que permiten realizar registros, presentación de documentos y en general cumplimiento de requisitos, como lo estableció la convocatoria para el proceso de participación ciudadana que se vivió en esta fecha.
Lamentablemente hay otro factor que debe exponerse, que es el desconocimiento de plazos y procedimientos jurídicos en materia electoral que la ciudadanía debe observar, es necesario precisar que no está obligada a ser experta en Derecho para ejercer a plenitud sus derechos político-electorales, entre los que se incluyen los de participación ciudadana, pero sí a conocer las reglas para participar, como las que se establecieron en la convocatoria de los instrumentos que hemos mencionado.
La falta de conocimiento de las reglas contenidas en las bases de la convocatoria y de los preceptos legales, provocó que muchas personas perdieran la oportunidad del efectivo acceso a la justicia electoral, ya que los brevísimos plazos para interponer un medio de impugnación en contra de un acto de autoridad resultan desalentadores, los cuatro días naturales, le fueron insuficientes a la ciudadanía para activar la justicia a su favor.
Ahí radica la importancia de que quien decida participar lo haga con la voluntad de involucrarse y tratar en la medida de lo posible, de obtener la información necesaria y vital para que, de así requerirlo, pueda acudir a la justicia electoral, y revertir, si así corresponde, un acto que vulnere su derecho humano a participar en los asuntos de su ciudad y de su unidad territorial, esto es, participar ciudadana y responsablemente, obligarse a cumplir requisitos pero también a conocer las reglas.
De no involucrarse de esa forma, es posible que los plazos brevísimos en materia electoral consuman la posibilidad de modificar un actuar inadecuado, por citar algunos de los que se presentaron en el proceso de participación en curso, están las actuaciones de los órganos dictaminadores de las Alcaldías, que no en pocas ocasiones, dejaron de fundar y motivar sus determinaciones dejando en estado de indefensión a la ciudadanía. Lo más lamentable, ocurrió cuando la persona proponente del proyecto no hizo valer su derecho a la aclaración del dictamen negativo y tardíamente pretendió acudir a la justicia.
Por ello, resulta indispensable que la participación ciudadana se acompañe de campañas de difusión y de la responsabilidad de quienes participan de leer la convocatoria, conocer las autoridades que en materia electoral podrán eventualmente resolver sus dudas, saber los plazos y las instancias para defenderse.
Participar ciudadanamente conlleva derechos y obligaciones.
