En medio de la rifa que ya no es del avión, el triunfo político de Trump, los tropiezos del fiscal Alejandro Gertz y la saña de los jueces con Rosario Robles, hubo esta semana una noticia relevante en la defensa de los derechos de las mujeres:
La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que busca, a nivel nacional, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Esto significa que la mayoría de grupos parlamentarios representados en el Congreso respaldan una propuesta que, por lo tanto, pronto podría ser discutida y aprobada por las dos cámaras que lo integran.
Pero el aval concretado este jueves entre los diputados representa un avance histórico en esa lucha que las feministas emprendieron cuatro décadas atrás y que, hace 20 años, se concretó en la ciudad de México, gracias a la entonces jefa interina de gobierno, Rosario Robles, quien desafío a los grupos conservadores que, por primera vez en la historia mexicana, perdieron la batalla.
Como lo ha escrito Marta Lamas, gracias al triunfo del Partido de la Revolución Democrática en la capital del país, la despenalización del aborto se insertó en la agenda pública.
De acuerdo con el recuento histórico de la feminista, en 1977 las plataformas electorales del PRD y del Partido del Trabajo incluyeron la despenalización como uno de los elementos centrales de la maternidad voluntaria.
Por supuesto que sin la presión y el activismo de las organizaciones como GIRE (Grupo de Información y Reproducción Elegida), el cambio legislativo habría sido impensable.
Pero es relevante reconocer que hubo personajes políticos que asumieron el costo que siempre implica en México la crítica de las Iglesias y los grupos conservadores ligados históricamente con el poder económico.
Así que bien vale recuperar lo escrito sobre el tema por Marta Lamas:
“El aborto se convirtió en un tema central en el DF en agosto de 2000. Luego de que el PRD perdiera las elecciones presidenciales de julio, las feministas ejercieron una fuerte presión y la gobernadora interina de la Ciudad de México, Rosario Robles, convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para reformar el Código Penal en materia de aborto. Esta reforma, conocida como la Ley Robles, incluyó tres ampliaciones: de peligro de muerte se pasó a grave riesgo a la salud de la mujer; se autorizó el aborto por malformaciones del producto; y se planteó la invalidez de un embarazo por una inseminación artificial no consentida. Además, se estableció en el Código de Procedimientos Penales del DF que el Ministerio Público sería el encargado de autorizar el aborto cuando este fuera legal. El 18 de agosto, la mayoría perredista aprobó la reforma”.
El recuento de Marta Lamas incluye el debate que por iniciativa del PAN y del PVEM se impulsó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que ambos partidos interpusieron un juicio de inconstitucionalidad contra la Ley Robles, en el año 2000.
“Un año y cuatro meses después, con una votación de siete a cuatro, la SCJN resolvió que no existía tal inconstitucionalidad, por lo que la reforma fue ratificada y la Ley Robles entró en vigor”, reseña la feminista.
Esa resolución de los ministros dio paso a cambios en la política pública de la capital del país, misma que hoy se busca escalar a nivel nacional con la iniciativa de ley que impulsa Morena en el Congreso.
De nueva cuenta, 20 años después, el PAN vuelve a oponerse a la reforma, encontrando eco en los diputados de Encuentro Social (PES). Y es previsible que ambos partidos encabezarán las protestas que emergerán en lo sucesivo de organizaciones vinculadas a las Iglesias y a grupos empresariales.
Es también probable que algunos legisladores del PRI se manifiesten en contra, como sucedió en el sexenio anterior con propuestas destinadas a garantizar el aborto para mujeres víctimas de violación.
Pero en el debate que la Comisión de Igualdad de Género que culminó esta semana con la aprobación del dictamen, la legisladora del PRI Cynthia López Castro se sumó a la despenalización con el argumento de que no se trata de un debate moral sino de salud pública en favor de las mujeres.
“Este es un Estado laico, no podemos venir aquí con una visión religiosa. Y aquí tenemos que legislar un tema de salud por millones de mujeres que nos están pidiendo a voces poder legalizar las clínicas donde se practican hoy los abortos clandestinos”, sostuvo la diputada del PRI.
Y lo más relevante del debate de este jueves es que la iniciativa es promovida por Morena.
“Coincidimos con esta propuesta, toda vez que abona al avance de los derechos de las mujeres y en lo establecido en diversos tratados y criterios de órganos internacionales”, expuso la diputada morenista Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
En la reunión de aprobación del dictamen, destacó el respaldo de una de las legisladoras feministas con mayor peso y activismo en el Congreso, la diputada por Movimiento Ciudadano Martha Tagle, quien planteó que la vida de las mujeres depende de una legislación que garantice sus derechos.
Vendrán sin dudas días intensos en la discusión pública del tema.
Por ahora, la reforma avanza y con ésta la posibilidad de que la Secretaría de Salud reconozca y garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la interrupción legal del embarazo.
Esto significa que personal capacitado, deberá proceder a esa interrupción hasta las 12 semanas y cuando la mujer interesada así lo solicite.
De concretarse esta reforma, la llamada cuarta transformación habrá aportado a la lucha de las mujeres una contribución invaluable.
