La caravana por la Verdad, la Justicia y la Paz que este domingo 26 de enero culminó en el Zócalo de la capital del país dejó constancia, en su último tramo, del dolor de la búsqueda y la incertidumbre de familias que no se resignan al olvido.
Porque más allá de los personajes conocidos — convocantes de esta movilización: Javier Sicilia y la familia LeBarón–, lo estremecedor del recorrido de nueve kilómetros en la CDMX fue la constante de madres, padres, hijos, esposas, hermanos, buscando a sus desaparecidos.
Estrujante la escena de mantas, cartulinas, pendones con las fotografías de quienes ya no volvieron a su casa y cuyo destino sus seres queridos desconocen.
Destacaban las imágenes de jóvenes desaparecidas y víctimas de feminicidios impunes.
A juzgar por los testimonios compartidos en la caravana, los casos sin justicia ni castigo ni verdad vienen del sexenio pasado y antepasado. Pero también, muchos otros ocurrieron en 2019, como la desaparición de los tres empleados de Sanborns, en noviembre pasado. O el asesinato de los diez músicos de Chilapa, en la montaña de Guerrero, acribillados en el inicio de este 2020.
Cada relato de los caminantes de la caravana era una confirmación del putrefacto sistema de administración e impartición de justicia en México que, según las intenciones gubernamentales, este año será sometido a cirugía mayor.
Se trata de una tarea urgente que tendrán a su cargo los senadores, a quienes llegarán las iniciativas de reforma constitucional en las primeras semanas de febrero.
Y como ya lo adelantó el jefe de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, el proceso legislativo correspondiente estará antecedido del ejercicio de Parlamento Abierto, mecánica que garantiza el debate de las propuestas entre los protagonistas del ámbito que se busca transformar, sus destinatarios, autoridades de todos los niveles y especialistas.
Por lo pronto, en el intento de convencer a los senadores de que el cambio de timón es indispensable y que éste deberá darse con el endurecimiento del sistema penal mexicano, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, detalló este miércoles 28 de enero que, en 2019, se contabilizaron 33 millones de delitos: 7 por ciento del fuero federal y 93 por ciento del fuero común.
El titular de la FGR admitió que el nivel de impunidad sobre esa cifra es de 99 por ciento.
Pero el dato más escandaloso en esa numerología oficial del crimen y el dolor fue el señalamiento de que el 70 por ciento de esos hechos delictivos fueron robos y asaltos.
De esos 23 millones 100 mil delitos patrimoniales, precisó Gertz Manero, el 90 por ciento correspondió a cantidades o bienes valuados en menos de 10 mil pesos.
Al comentar esas cifras de miedo, el fiscal planteó: “¿Quién es el que está recibiendo el impacto más brutal de la inseguridad y de la injusticia?, los que menos se pueden defender”.
Y ante esa conclusión, Gertz Manero adelantó el sentido que, para él, debería tener la reforma penal del sexenio:
“Este es un país de víctimas, a quienes tenemos que defender es a las víctimas. Nuestra prioridad debe de ser con las víctimas (…) Y de esa prioridad, a este grupo tan enorme de personas que no tienen quién los defienda. Por eso, un aspecto fundamental en la justicia y en la procuración de justicia, deberá ser la reparación del daño”.
Así las buenas intenciones declaradas del fiscal, de quien se espera autonomía y sensatez frente a sus propias palabras.
Pero mientras eso ocurre y en tanto conocemos los alcances de las iniciativas que el presidente López Obrador enviará al Congreso, la realidad brutal de esta semana nos recordó que la corrupción y la impunidad siguen al servicio de los victimarios, aun cuando se les considere presos de alta peligrosidad.
Nos referimos, por supuesto, a la fuga de Víctor Manuel Félix Beltrán, Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro del Reclusorio Sur, este miércoles 29 de enero, gracias a que fueron auxiliados por personal del penal para burlar cinco puertas.
Y si esa fuga nos recuerda que hay una brecha entre la retórica oficial que dice haber enterrado a la corrupción y realidad de sus cloacas vigentes, hay otro hecho que nos confirma la discrecionalidad con la que proceden los llamados impartidores de justicia.
Y es que los fugados, integrantes del Cártel de Sinaloa, y bajo proceso de extradición a Estados Unidos, fueron favorecidos por el cambio de penal –de uno de alta seguridad al Reclusorio Sur– por jueces que así lo consideraron.
Llama la atención que uno de los jueces es Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo que con sevicia le aplicó la cárcel a Rosario Robles, como medida precautoria, bajo el pretexto de que era una mujer de poder que podía escapar del país.
Sin respeto al debido proceso, el citado juez se ensañó con la exfuncionaria, quien se encuentra privada de la libertad antes de haber sido juzgada, convirtiéndose en una presa política y en víctima de un sistema penal putrefacto, el mismo por el que cientos de mexicanos hicieron una caravana, que sólo resuelve el 1 por ciento de los despojos que padecen los más despojados y que cierra los ojos cuando los reos peligrosos salen caminando de la cárcel.
