A finales de 2019, fueron varios planteles de la UNAM los que entraron en paro con la finalidad de denunciar el acoso y la violencia que, de acuerdo con las inconformes, constantemente viven las mujeres dentro de la institución, al igual que la impunidad de los agresores.
Al paro de labores por las razones expuestas se unieron varias preparatorias y facultades, aunque fueron llegando a acuerdos. Sin embargo, la Escuela Nacional Preparatoria 9 “Pedro de Alba” y la 7 “Ezequiel A. Chávez”, así como la Facultad de Filosofía y Letras, han suspendido labores durante meses.
Para el rector la situación se bifurca pues si bien, dentro de su discurso y en las propuestas de planes de trabajo está el protocolo de atención a violencia y acoso sexual, también ha afirmado: “no puedo estar de acuerdo con el cierre de los planteles que afecta directamente a las comunidades y que provoca entre nuestros profesores, estudiantes y sus familias, indignación y malestar entre quienes sí desean regresar a clases”.
Y la lucha feminista contra el acoso y violencia de género parece estar secuestrada por intereses políticos en ambos grupos, ajenos totalmente a la agenda social.
Del lado administrativo está la aparente incapacidad de las autoridades académicas correspondientes para dar soluciones viables y programas de acción concretables a las demandas de las mujeres en paro, como sería revisar la plantilla de trabajadores (esto, bajo la observación del debido proceso).
De esta manera, la responsabilidad de que la escuela siga cerrada y de que la postura de las mujeres se haya radicalizado también pasa por las autoridades.
Un ejemplo de esas acciones fallidas fue la instalación de mesas de la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD) en la puerta de las escuelas inconformes, para recibir y dar seguimiento a las quejas. En los tres días de la semana que estuvieron las mesas no se recibió ninguna denuncia, informó el personal que las atendía. Lo que no se detalló es que las mesas eran en los patios, de manera visible, sin guardar la identidad de las denunciantes. Incluso, cuando la UNAM informó sobre la instalación de las mesas en un comunicado, incluyó fotografías en las que se veía el rostro de adolescentes que se acercaron a las meses en las Prepas y en la Facultad de Filosofía y Letras.
Sin embargo, por el lado de las paristas, se percibe poco interés en tender puentes. Empantanadas en un paro que de entrada no es avalado por un importante porcentaje de escuelas –pues no fue consultado en asambleas– algunas de las propuestas resultan inviables, al menos en el corto plazo.
Es necesario, de entrada, entender que el paro puede ser la medida más estridente pero no por ello la más efectiva. El diálogo ayuda a solucionar. Un paro que se fundamenta en la supresión del acceso a la educación de terceros no puede ser el método para una agenda social feminista.
Los derechos son interdependientes y la igualdad, no discriminación y el derecho a la educación no pueden darse por descarte. Van los tres o no va ninguno. Es en el aula, como arena política y social, que se debe dar la batalla y romper estereotipos de género, la violencia y discriminación.
Se debe entender por el lado de las autoridades que la agresión, el acoso y la violencia de género no puede ser normalizada ni callada. Pero también que no caerá el muro de la desigualdad y violencia de género a través del separatismo ni desde barricadas que obstaculicen el diálogo.
La lucha contra la violencia de género es agenda social. No debe convertirse en botín político de burócratas universitarios ni de grupos reaccionarios. La causa, el rechazo al acoso, no está en duda. Pero ni la agenda feminista ni las instalaciones pueden ser el botín político de ningún grupo.
Se deben dar soluciones que incluyan a la comunidad universitaria en pleno y no sólo a unas cuantas voces. La Facultad de Filosofía y Letras sabe el daño que esto puede causar. El auditorio Justo Sierra da fe de ello.
