La semana pasada hablamos de las protestas en Ecuador, hoy es Chile, meses anteriores Venezuela, pasado mañana no lo sabemos, podría ser cualquier país de la América Latina o del Sur.
No es extraño y no debe serlo. La protesta y la libre manifestación es un derecho humano de las personas. El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como los artículos 15 y 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en los que refiere el Derecho de Reunión y la Libertad de Asociación de las personas, por tanto salir a las calles a manifestarse y protestar es un derecho humano que no puede ser restringido por los Estados parte.
Los países que han decidido suscribir tanto la Declaración Universal, así como la Convención Americana tienen deberes para con las personas que habitan o transitan sus Estados y ello no esta sujeto a concesiones. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos es obligación de los gobiernos en turno y para ello deben crear o implementar los mecanismos necesarios, solo entonces estarán cumpliendo con lo que han firmado.
Ahora bien, por lo que ve al derecho a la protesta y libre manifestación, tiene una gran importancia en general en todos los países, ya que derivado de la protesta social se han dado los grandes cambios, de manera pacífica, por así decirlo, ya que no han sido movimientos revolucionarios donde el pueblo se levante en armas.
Sin embargo, en las manifestaciones, que han sucedido en los últimos meses, son eventos en los que se han perdido vidas, por tanto, no han sido del todo libres de violencia. Como debiera garantizar el Estado, ya que en ocasiones han tenido que reaccionar con el uso de la fuerza pública para sofocar las manifestaciones, lo que ha dado pie a otras consecuencias jurídicas como por ejemplo, recomendaciones de la Corte Interamericana o del Comité de Naciones Unidas por el uso excesivo de violencia.
Alzar la voz para quejarse de las determinaciones de los gobiernos es libertad de las personas, pretender con ello modificar determinaciones es una prerrogativa, hacerlo de forma pacífica es también una obligación. La protesta social pudiera ser molesta, pero se debe proteger, respetar, promover y garantizar por parte del Estado, aunque sea contra el mismo.
Ahora mismo en Chile, pareciera que la protesta social se está trasladando al lado oscuro, al del vandalismo. Eso en nada se parece a los derechos humanos de las personas que los gobiernos deben respetar, se desdibujan los verdaderos intereses de una forma de ejercer derechos.
Las luchas de este último mes en Ecuador y en Chile tienen que ver con hidrocarburos. En Ecuador tenía que ver con el cambio climático y en Chile con el aumento del precio del transporte público. Ambos eventos determinados por sus mandatarios, fueron suspendidos ante las olas de manifestaciones y protestas.
La protesta como derecho humano debe ser no violenta, mucho menos de saqueos, ya que, si se hace de esta manera, se diluye el sentido verdadero de la misma.
Expresarse en contra del orden político, social y cultural de una nación, puede y debe hacerse como exigencia a la falta de congruencia de gobiernos y cuando no se cumplen con lo prometido en proceso electorales, esas manifestaciones, son en gran parte una forma de participación ciudadana, de obligación cívica, de ahí que sea benéfica la existencia de figuras constitucionales como la revocación de mandato.
Pero esta última medida no es un intercambio respecto del derecho a la libertad de manifestación y protesta. La ciudadanía en el pleno ejercicio de sus derechos siempre estará en aptitud de salir y manifestar libremente sus ideas respecto de lo que no avala o le lastima, ahora mismo, es mucho más fácil realizarlo, pues la convocatoria no es secreta, en las penumbras como cuando se castigaba por estar prohibidas. Ahora con tan solo un botón se puede convocar masivamente, a través de las redes sociales, los colectivos y el uso de las nuevas tecnologías.
Para que las manifestaciones pacíficas logren su cometido se necesitan dos partes vitales: un gobierno que respete y garantice los derechos humanos a su libertad y las propias personas en el momento de realizarla, solo así se alcanzarán las metas propuestas: expresar, cambiar, modificar, dialogar, permitir, tolerar, promover, participar, trabajar, y un largo etcétera que signifique el bien común de naciones completas.
Que las libertades en Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guatemala, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y todas las naciones de América y del mundo sean respetadas y vistas desde un matiz de Derechos Humanos, hoy y en el futuro.
