Redacción / México.- Organizaciones Civiles exigieron la renuncia de María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), dados los nulos resultados en la garantía de los derechos de las mujeres.
Al considerar que Ochoa Ávalos no ha emprendido ninguna acción para mitigar el grave problema de los feminicidios, que dejan 10 mujeres muertas al día, los firmantes refirieron que un claro ejemplo en la obstaculización de acciones en pro de las mujeres está la promoción de un recurso de revisión a la petición de Alerta de Género para la Ciudad de México.
Las defensoras de derechos humanos denunciaron también la falta de transparencia en la designación de los recursos gubernamentales, “particularmente, los informes generados por los grupos encargados para dar seguimiento a las acciones emanadas de la declaratoria” de la Alerta de Violencia de Género (AVG), pues argumenta que ese trabajo es información reservada.
Así mismo, refirieron que la titular de la CONAVIM ha llevado a las organizaciones peticionarias de la AVG en varios estados del país, a interponer demandas ante el Poder Judicial de la Federación, cuyas resoluciones han determinado que no existen obstáculos para su puesta en marcha, tal es el caso de Zacatecas.
Caso similar se da en Veracruz, en donde señalaron que Candelaria Ochoa invisibiliza la problemática de la desaparición de mujeres y niñas, al actuar de manera irregular e impedir el adecuado trámite de la solicitud de Alerta de Género.
Bajo estos señalamientos, entre otros, las organizaciones exigieron al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la renuncia de la titular de la CONAVIM, un plan y acciones reales para el combate y erradicación de la violencia contra las mujeres en todo el país, evaluar los resultados de las Alertas de Género en los lugares en donde se ha emitido, transparencia en las acciones y recursos de la institución, entre otras demandas.
AQUÍ la carta íntegra:
Ciudad de México, 8 de octubre de 2019.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
OLGA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA
Secretaria de Gobernación
P r e s e n t e s.
Las organizaciones y defensoras de derechos humanos firmantes, exigimos al Gobierno Federal la renuncia de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), María Candelaria Ochoa Ávalos, ante su evidente falta de compromiso, inacción y sobre todo por la obstaculización que desde su puesto realiza a la garantía de los derechos de las mujeres en México.
Como organizaciones ubicadas en distintas partes del país, hemos atestiguado que a más de seis meses de que tomara posesión del cargo, la actual Comisionada no ha impulsado ni realizado acciones contundentes que puedan atender la problemática actual que cada día acaba con la vida de 10 mujeres en nuestro país.
El ejemplo más reciente es la promoción de un recurso de revisión contra el amparo concedido el pasado 13 de septiembre a las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, por el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa.
Además de que esta acción en sí misma dilata la necesaria activación de la Declaratoria de AVG y el cumplimiento del amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación a las organizaciones peticionarias, víctimas y familiares de víctimas, el recurso interpuesto por la CONAVIM, cuya titular paradójicamente se reivindica como feminista, cuestiona la participación de la sociedad civil, su experiencia y su interés legítimo en actuar en defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en un contexto de violencia.
Incluso, argumenta que la concesión del amparo y sus efectos no tienen un alcance al que como autoridad responsable pueda dar cumplimiento. Esto se traduce en manifestar que no depende de ella la designación de recursos ni el deber de transparentar las acciones gubernamentales, particularmente, sobre los informes generados por los grupos encargados para dar seguimiento a las acciones emanadas de la declaratoria, pues menciona que todo ese trabajo es “información reservada”, lo que propicia también la falta de transparencia de los recursos y acciones que el Estado está obligado a realizar en cualquier tipo de gobierno.
Además de la negativa de la Declaratoria de AVG para la CDMX, la actual Comisionada ha llevado a las organizaciones peticionarias a interponer demandas ante el Poder Judicial de la Federación, quien ha reconocido mediante los diversos juicios de amparo, el actuar ilegal de CONAVIM, como fue el caso también en el estado de Zacatecas. En este caso, determinó que no se había fundado y motivado la negativa de la solicitud, ordenando se volviera a resolver sobre la admisión, tomando en consideración los hechos planteados por las organizaciones de la sociedad civil.
Actualmente está pendiente de resolverse un tercer amparo, en este caso relacionado con la tercera solicitud de AVG para el estado de Veracruz, en donde la CONAVIM nuevamente actuó de manera irregular para impedir el adecuado trámite de dicha solicitud, acumulándola a una previa, invisibilizando la problemática de desaparición de mujeres y niñas, denunciada por las organizaciones.
Es decir, en lugar de dar cumplimiento a sus obligaciones en la implementación del mecanismo de AVG, de diseñar los planes de implementación y la metodología de seguimiento y evaluación de las 19 AVG declaradas y de convocar a los grupos de seguimiento -cómo se le ha solicitado en diversos estados- la actual Comisionada se ha dedicado a orillar a las organizaciones a judicializar los derechos de las mujeres, en lugar de garantizarlos como lo establece su mandato.
Otro ejemplo de actuar indebido por parte de la CONAVIM, que tuvo como fin obstaculizar la participación de la sociedad civil y de las defensoras de los derechos humanos en el mecanismo de AVG, se vivió en el estado de Jalisco el 20 de abril de 2019, cuando la Titular de la CONAVIM quiso impedir la presencia de las organizaciones peticionarias, advirtiendo que solo estarían presentes si el Gobernador estaba de acuerdo, a lo que él respondió que las organizaciones deben estar no solo por ser peticionarias sino para dar seguimiento, por lo que finalmente se garantizó su presencia; sin embargo, esta decisión no debería ser una concesión sino una garantía en cumplimiento de la ley.
Cabe señalar, que el pasado 2 de octubre de 2019, en el marco de la Plataforma de Dublín para Personas Defensoras de Derechos Humanos 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet reconoció la labor de las defensoras de los derechos de las mujeres y advirtió la importancia de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, pues el próximo año se cumplen 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y de haber sido aprobada la Plataforma de Acción que fuera adoptada por unanimidad por 189 gobiernos, refirió: “pareciera que la discusión no es ir hacia adelante sino cómo no ir hacia atrás, por eso es que las defensoras de derechos humanos son tan necesarias, porque necesitamos hacer retroceder a quienes nos quieren hacer retroceder”.
Por otra parte, el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) en julio de 2018 en sus Observaciones finales sobre el noveno Informe de México que se realiza cada cuatro años, recomendó al Estado mexicano: “elaborar un plan de acción nacional, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil de mujeres, para garantizar la participación de las mujeres en el tratamiento de la situación de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en el país”, y respecto de las AVG recomendó “evaluar la repercusión del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación de los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertas del mundo académico y defensoras de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia”.
En este sentido, la CONAVIM no solo está transgrediendo la justicia federal, omitiendo implementar de manera pronta y expedita lo que se le mandata en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también los compromisos internacionales que México ha realizado.
Si bien, el 6 de marzo de este año el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hicieron público el “Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y Niñas de México”, a la fecha, la solución a la problemática no ha tenido avances considerables, contrario a ello, la violencia permanece y se agudiza, lo que además de la inseguridad, incrementa la indignación de la población como lo han dejado ver las diversas manifestaciones realizadas en distintos estados de nuestro país.
Como Organizaciones No Gubernamentales hacemos un llamado al Presidente López Obrador para que en concordancia con su compromiso de campaña y el discurso oficial, las servidoras y servidores públicos que se desempeñen en su gobierno tengan un alto compromiso con las causas que encabezan, pero también que sus acciones sean tangibles y en beneficio de la sociedad, que confía en que las malas prácticas y abusos de poder sean desterrados en esta Cuarta Transformación.
En este sentido, exigimos al Gobierno Federal:
- La renuncia de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), María Candelaria Ochoa Ávalos.
- Un Plan y acciones reales para el combate y erradicación de la violencia contra las mujeres en México.
- Evaluar y medir resultados en las 19 AVG declaradas en el país, a partir de conocer el grado de avance y obstáculos en la implementación de las medidas, con el fin de actualizarlas, direccionarlas, tenerlas por cumplidas o, en su caso, denunciar y sancionar a las autoridades omisas.
- Garantizar que las medidas de las AVG sean específicas acorde a las problemáticas detectadas, y no se reduzcan en acciones de política pública ordinaria que los estados deben realizar, en cumplimiento de sus obligaciones establecidas en las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en los Programas de Igualdad y contra la Violencia de Género.
- Fortalecer el Mecanismo de AVG, a través del diseño de una metodología de seguimiento y evaluación que incluya indicadores de resultado e impacto que permitan identificar qué acciones han funcionado, cuáles deben fortalecerse y qué acciones no coadyuvan a cumplir los objetivos del mecanismo de AVG, a fin de que las AVG puedan evaluar los avances en la disminución de la violencia contra las niñas y mujeres.
- Transparencia en los tres niveles de gobierno de las acciones y recursos destinados para garantizar los derechos humanos de las niñas y mujeres
- Reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para evitar que los vacíos generen un mal uso e interpretaciones a modo de la propia Ley y del procedimiento del mecanismo de AVG, tutelando en todo momento el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes.
Atentamente,
Firmas de Organizaciones:
Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes; Mujeres Unidas: Olympia de Gauges; Observatorio de Violencia Social y de Género, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Justicia, Derechos Humano y Género; Justicia Pro Persona; Cátedra Unesco de la UNAM; Familiares en Búsqueda de Justicia; Red de promotoras de Ecatepec;Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC; Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; OBVIO Guerrero AC; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; Centro de Derechos Humanos YURENI A.C; Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J; Maya sin Fronteras; Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico sinaloense; OCNF Sonora; Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Red Nacional de Periodistas; Ciencia Social Alternativa, Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red, Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas,
Firmas a título personal:
Graciela Machuca
Guadalupe Ramos Ponce
