El 3 mayo de 2017, el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio sacudió a la comunidad universitaria. El cuerpo inerte de la joven de 22 años fue hallado en una caseta telefónica, ubicada frente al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Un cable del teléfono estaba enredado en su cuello.
La violencia feminicida acabó con su vida con brutalidad, sin misericordia. La autoridad ministerial lastimó su honor, su prestigio. Ahí empezó el laberinto de la impunidad.
Desde sus primeras intervenciones, los agentes policiacos no actuaron con perspectiva de género en la preservación del lugar del hallazgo, ni en la identificación de las circunstancias alrededor de la muerte de Lesvy. Apenas abrían la carpeta de investigación y ya declaraban que el suicidio había sido la causa de su deceso.
Los tuits publicados en la cuenta de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), en ese momento a cargo de Rodolfo Ríos, pintaron de cuerpo entero la insensibilidad e irresponsabilidad de las autoridades.
¿Para qué investigar el entorno social de la víctima? ¿Para qué esperar los exámenes de criminalística? ¿Para qué analizar los videos de las cámaras de seguridad? La intención era cerrar el caso de un plumazo y les resultó más fácil filtrar la versión del suicidio y tremendas revelaciones sobre su vida personal.
Mientras los familiares de Lesvy lloraban su pérdida y sus amigos lamentaban su ausencia, la policía jugaba sus cartas: si había bebido alcohol antes de ser atacada, si aún no estaba matriculada en la Universidad porque debía materias y si vivía en unión libre con su novio, fueron elementos suficientes para estigmatizarla, revictimizarla y presentarla ante la opinión pública como alcohólica, mala estudiante y de dudosa reputación.
Así surgió el movimiento #NosQueremosVivas. La solidaridad de estudiantes y académicas de la UNAM y la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria lograron, a empellones, develar la verdad y dieron pasos importantes para alcanzar la justicia: la reclasificación del caso como feminicidio.
Lesvy Berlín fue asesinada el 3 de mayo de 2017. Debió pasar un año para conseguir que la autoridad ministerial hiciera a un lado la versión del suicidio, detuviera Jorge Luis González -pareja sentimental de Lesvy- e iniciara un proceso penal en su contra, como el presunto asesino de la joven de 22 años.
Han transcurrido 16 meses del asesinato y esta semana iniciaron las audiencias del juicio oral contra el inculpado. Se presentarán diversos testigos, autoridades de la UNAM, policías de investigación, así como peritajes y pruebas para esclarecer cómo perdió la vida Lesvy.
Para terminar con el laberinto de impunidad, el primer paso es demostrar que la joven fue víctima de violencia durante su noviazgo, hasta ser estrangulada con el cable de un teléfono en Ciudad Universitaria.
El siguiente es terminar con la violencia sexual, las lesiones psicológicas, las mutilaciones en sus cuerpos y el asesinato brutal de mujeres. Para eso es urgente diseñar y poner en marcha políticas públicas, protocolos de investigación, estrategias legales y audiencias judiciales con perspectiva de género.
Pero hoy, lo que corresponde, es asumir que #TodasSomosLesvy y empujar acciones para evitar que este tipo de casos queden en la impunidad o se repitan.
