Las mujeres sordas, ciegas, autistas o con discapacidades psicosociales o intelectuales son las víctimas más comunes de la violencia doméstica, el abuso emocional y el sexual.
Sí. Una violencia aún más brutal e inhumana que la que viven las mujeres sin algún tipo de discapacidad. Una violencia invisible, dado que existen pocos datos duros que desnuden la profundidad del fenómeno.
Un estudio global del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (UNFPA) reveló que las niñas y mujeres jóvenes con discapacidades enfrentan hasta 10 veces más violencia de género que aquellas sin discapacidades y son las niñas con discapacidad intelectual, quienes son particularmente vulnerables a la violencia sexual.
Además del maltrato, las mujeres con discapacidades también pueden sentirse más aisladas e incapaces de denunciar el abuso porque son víctimas de familiares, compañeros y cuidadores. Es decir, dependen del abusador para bañarse, vestirse o comer. Son física o mentalmente vulnerables y ese es su mayor riesgo.
Si el 15 por ciento de la población mundial vive con una discapacidad, entonces hay más de 200 millones de niñas, niños y jóvenes -entre los 10 y 24 años- que están sujetos a un ciclo de violencia agravado por la discriminación, ya que generalmente son excluidos de los servicios de educación y salud.
Recientemente, el Foro de Política Infantil Africana realizó un estudio sobre la violencia contra los niños con discapacidades, del cual se desprende que casi todos los jóvenes entrevistados habían sido víctimas de abuso sexual al menos una vez en sus vidas. La mayoría, más de una vez.
Otra investigación elaborada en Australia encontró que hasta el 62 por ciento de las mujeres con discapacidades, menores de 50 años, habían sufrido violencia desde los 15 años. Incluso, las mujeres con discapacidad han experimentado violencia sexual a una tasa tres veces mayor que las personas sin discapacidad, debido a que los vecinos y familiares que saben que están solas pueden abusar sexualmente de ellas, con poco riesgo de ser denunciados o castigados.
En México, sin embargo, es inexistente la información relacionada con la población que tiene algún tipo de discapacidad. No hay censos ni datos desagregados. Simplemente, no forman parte de las estadísticas del gobierno.
Así es que es imposible realzar un diagnóstico sobre la incidencia, condiciones y temporalidad con la que padres, compañeros, educadores, médicos y enfermeras, abusan de las mujeres con discapacidad. Y la violencia puede tomar muchas formas, desde amenazas en la escuela hasta el uso de métodos físicos de disciplina por parte de los supervisores, la esterilización forzada de las niñas y la exhibición de los discapacitados como mendigos en la calle, como un método rentable de sobrevivencia familiar.
El panorama resulta aún más desolador. En muchos lugares, los jóvenes con discapacidades son traficados por sus propias familias para el comercio sexual y los trabajos forzados; en otros, son considerados incapaces de tomar sus propias decisiones y anulan su derecho a ejercer una sexualidad plena y saludable, sin prejuicios ni estigmas.
Resulta urgente visibilizar esta violencia y encararla con políticas públicas que promuevan la participación de los discapacitados en la definición de su propio futuro, abriéndoles las puertas a la salud, la educación, el empleo y la justicia. Ir más allá de las becas y los programas asistencialistas para tomar el rumbo del desarrollo y la inclusión social.
