En la primavera de 2017, legisladores del PAN, PRI y PES bloquearon una iniciativa que pedía a las autoridades estatales cumplir con los servicios que establece la Norma Mexicana 046.
Se trata de la NOM que garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo para las víctimas de violación.
Entonces, las diputadas comprometidas con la despenalización del aborto se vieron atrapadas entre los cálculos electorales de las dirigencias de sus partidos y la presión de las bancadas por organizaciones religiosas que defendían sus dogmas.
Recuerdo, particularmente, el caso de las legisladoras de Movimiento Ciudadano que, en medio del álgido debate, fueron asustadas por los sondeos de opinión que se hacían del tema en Jalisco.
Según testimonios de parlamentarias feministas que dieron infructuosamente la pelea, en aquella entidad se corría el riesgo de perder a los electores conservadores que, antes panistas, se habían mudado a MC, si éste respaldaba la NOM 046.
Aquel capítulo legislativo de 2017 se inscribió en el largo periodo de retrocesos experimentados en los congresos estatales, a raíz de iniciativas que criminalizaron a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo.
Como parte de esa ola, los gobiernos del PAN de Aguascalientes y de Baja California se inconformaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las modificaciones hechas a la NOM 046 para garantizar que los servicios médicos se otorgaran sin requerir de la denuncia de la violación, y al margen de la objeción de conciencia que pudiera ejercer el personal de las instituciones de salud.
Y esta semana, al retomar sus actividades, los ministros determinaron rechazar los alegatos de esas autoridades estatales, sustentados en el reclamo de que dicha norma atentaba contra el federalismo y las atribuciones del poder local para definir cómo imparte sus servicios públicos.
Por ocho votos a favor y tres en contra, la Corte ratificó los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y le cerró el paso a la intromisión de las Iglesias que pretenden penalizar a las víctimas de una relación sexual forzada.
Se trata de una medida que deja en claro la constitucionalidad de la NOM 46 y, por lo tanto, obliga a los gobiernos estatales a cumplirla sin consideraciones confesionales de por medio.
De esa manera, la Suprema Corte preserva la materialización del Estado laico en uno de los temas que más se habían visto amenazados: el derecho de las mujeres a la decidir sobre su cuerpo y la maternidad.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, sintetizó el consenso de la sala con un mensaje que marcará el futuro del debate jurídico, que no religioso, en torno al aborto.
“He votado reiteradamente en este Tribunal Pleno y en la Sala por el derecho de todas las mujeres a la interrupción del embarazo. Pero en el caso de violación, me parece que es casi incuestionable que este derecho deber ser accesible, cercano, rápido y pronto”, defendió.
“Me parecería muy grave poner requisitos excesivos e interpretaciones rigoristas de cómo se debe modificar una Norma Oficial Mexicana para no generar cierta incomodidad a las autoridades que la van a aplicar, perjudicando el derecho de las mujeres y las niñas”, argumentó el ministro Zaldívar.
Hubo en las palabras del presidente de la SCJN una advertencia para quienes insistan en colocar sus credos religiosos por encima de la Constitución:
“Cuando estamos apreciando en algunos lugares regresiones en contra de los derechos de las mujeres, me parece que este Tribunal Pleno tiene que mandar un mensaje muy claro de que se protegen los derechos de las mujeres y que esta Norma Oficial Mexicana viene ─precisamente─ a hacer mucho más laxo, mucho más fácil, mucho más sencillo el acceso a este derecho constitucional cuando las mujeres han sido violentadas de manera grave en su libertad sexual”.
El mensaje del ministro Zaldívar no sólo cierra el ciclo de quienes buscaban el retroceso de los derechos reproductivos, sino que le cierra las puertas a futuras quejas en torno a un asunto que no debería ser controvertible: la garantía de protección por parte del Estado a las víctimas de una violación.
Pero más allá de las intenciones que habrán de inhibirse con esta decisión de la Corte, tomada el lunes 5 de agosto, ésta representa un llamado a los gobernadores para que hagan su parte en contra de la violencia hacia las mujeres.
Apenas ayer, a tres días de la definición de los ministros, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, la morenista Malú Mícher, logró que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se comprometiera a liberar a las mujeres encarceladas a causa de un aborto.
“Enorme paso por la justicia hoy”, celebró la legisladora al conseguir esta primera firma de un decreto que impulsa los procedimientos legales que permitirán el indulto a las mexicanas privadas de su libertad por haber interrumpido voluntariamente un embarazo.
Así que el verano mexicano de 2019 está marcando un antes y un después en la lucha por la autodeterminación reproductiva de las mujeres.
