Durante esta semana y la anterior uno de los casos que más intriga causó, fue el hecho de ampliar el periodo de la gubernatura recién electa en el estado de Baja California.
Los gritos y sombrerazos han sido muchos y de varios colores. El repudio de repente se centró en la persona de quien obtuvo el triunfo electoral. Las personas menos politizadas en el interior del país solo leían o escuchaban notas periodísticas que referían que el candidato ganador ampliaba su periodo, de dos a cinco años, como si ello dependiera de su entera voluntad.
Quizá la intención y ambición personalísima del hoy candidato ganador sí sea gobernar por más años de los que fue electo, sin embargo eso no lo puede cambiar por decisión propia. Y eso es justamente lo que poco se menciona.
Determinaciones que tienen que ver con modificar el periodo de gobierno corresponden a reformas constitucionales que son facultad exclusiva del poder legislativo local, en un primer momento y después de ello, corresponde ratificar a los municipios. Por tanto, la decisión de ampliar el periodo recayó en 21 personas que votaron a favor de la iniciativa, en el legislativo y en los cinco ayuntamientos que componen el estado de Baja California.
Sin embargo, el tema tiene que ver con un asunto de límites constitucionales, esto es, si resulta válido modificar el periodo para gobernar una vez que ha sido elegida la persona para un periodo cierto.
Podría a todas luces resultar inconstitucional modificar el periodo para el cual fue electa una persona como representante popular luego de que es votada, ello porque se supone que en un proceso electoral las personas electoras deben estar totalmente informadas respecto de qué cargos se elegirán, el tiempo que estarán en ellos, es decir, fecha de inicio y conclusión del cargo y sobre todo, qué persona encabeza la candidatura, de lo contrario, existiría vulneración a principios constitucionales como los de certeza y legalidad.
Justamente, a estas fechas el análisis de la ampliación del periodo será materia de estudio y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo interesante es como han reaccionado diversos actores políticos, sobre todo algunos dirigentes nacionales de partidos políticos. Por ejemplo la lideresa de MORENA, ha considerado que la ampliación era algo que quería la ciudadanía, cuestión que no fue previamente consultada.
Por lo que ve al dirigente del PAN, sus reclamos han ido en contra del gobernador electo y hasta del presidente de la República, haciendo mutis respecto de la votación a favor de los diputados de su partido.
Pero más allá de quienes han votado, esperando la resolución de la Corte, lo cierto es que a la mitad de camino de la constitucionalidad y de la legalidad del periodo para el cual fue electo, es que existen intereses políticos, económicos y sociales en los que la ciudadanía se encuentra en la incertidumbre y de eso nadie dice nada.
Por supuesto que el procedimiento legislativo será estudiado y calificado por la Corte, en ese tenor, el haber tomado la determinación “al vapor”, obviando el análisis y discusión que el caso ameritaba, incluía revisar que no se vulneraran derechos, pero sobre todo, lo que debió estar en el centro de la discusión era si la voluntad popular se vulneraba con lo aprobado.
Justamente es la voluntad popular la que hizo posible que exista el Congreso local del estado de Baja California, son los representantes populares de cada uno de los 17 distritos que componen la entidad, sin embargo, ante lo que pareciera una ocurrencia, no se conoce que por lo menos alguno de los diputados votados por mayoría relativa o de los ocho de representación proporcional se presentaran ante sus electores para informar del tema.
Lo cierto es que, como sea que se resuelva el tema de Baja California, lo que si es totalmente discutible es que los representantes populares toman decisiones investidos de la representación que les otorgó el pueblo a través del ejercicio democrático del voto y eso no ha generado la idea de que se deben al pueblo y están obligados a informar y rendir cuentas, más allá de los eventos suntuosos que hacen como informes de labores.
Toma tanto sentido la frase utilizada en el discurso del presidente de Ucrania: “No cuelguen mi foto en sus oficinas. No soy un ídolo, ícono o retrato. Cuelguen las fotos de sus hijas, hijos y mírenlas antes de tomar cada decisión”… ojalá así lo hagan nuestros representantes populares y sobre todo piensen en la ciudadanía, en el caso de Baja California, debería ser el principal interés.
