La Ciudad de México se halla en una espiral de violencia y muerte. El secuestro y asesinato de dos jóvenes universitarios, Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, es una tragedia, una pérdida irreparable para sus familiares y amigos.
¿La muerte se ha enamorado de la juventud? No. Hay responsabilidad política y legal de las autoridades que, con el pretexto de imponer una austeridad republicana, han convertido en un desastre a la administración pública a costa de la vida y la seguridad de los mexicanos.
La crisis de inseguridad que vive la Ciudad de México tiene su origen en el abandono, la indiferencia y la mezquindad. En los ahorros malentendidos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado para financiar el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Plan de Apoyo al Béisbol, entre otros proyectos personalísimos y no necesariamente de beneficio para las mayorías.
No es casualidad que la Ciudad de México supere casi 10 veces el promedio nacional en materia de secuestros, al aumentar 271 por ciento durante los primeros cuatro meses de 2019.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en las alcaldías de Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, el incremento de homicidios y secuestros fue de 165, 162 y 157 por ciento, respectivamente.
Estas son las razones de la tragedia: el presupuesto de la Procuraduría General de Justicia sufrió un recorte de 2.5 por ciento en 2019; la fuerza antisecuestro de la CDMX fue desmantelada; la Coordinación Nacional Antisecuestros es atendida por un encargado del despacho y tuvo un recorte presupuestal del 24 por ciento en este año; la Unidad
Antisecuestros de la Fiscalía General de la República (FGR) también debió resignarse a una disminución del 22 por ciento de su presupuesto.
¿Resultado? Investigadores con años de experiencia en la negociación de secuestros, manejo de crisis, investigación de campo y operativos de rescate fueron desplazados, los obligaron a salir de la administración pública sin atender su experiencia ni certificaciones, sin importar el vacío que dejaban.
Aunque usted no lo crea, en la Ciudad de México sólo hay seis agencias especializadas en atención al delito de homicidio; ni siquiera una por cada alcaldía. Ni los cuerpos policiacos ni la Procuraduría utilizan el análisis de datos georeferenciados, una herramienta tecnológica que permiten identificar el nivel y los tipos de incidencias delictivas, el número de delitos por colonia, horario, negocio, escuela, hospital o zona.
Ni siquiera existe un protocolo homologado de búsqueda de personas que tendría que haberse publicado desde el año pasado, según marca la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Ante la crisis de inseguridad en la capital del país, Ernestina Godoy Ramos sostuvo que no renunciará al cargo de procuradora general de Justicia y prometió dar resultados certeros a la ciudadanía.
Mientras su jefa, Claudia Sheinbuam, recibió el espaldarazo de López Obrador. “Es que hay veces que la maltratan mucho unos grandulones ahí, abusivos, ventajosos, pero no está sola. Tiene el apoyo del presidente de la República y del pueblo de la capital, de la Ciudad de México”, dijo en un evento en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Las “benditas redes sociales”, que no perdonan nada, compararon el espaldarazo con el que alguna vez hizo el expresidente Enrique Peña Nieto a su entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien en un acto similar le manifestó: “No te preocupes, Rosario. Hay que aguantar”.
Pero hoy hablamos de vidas. Y en la seguridad de los mexicanos no hay ahorro que valga. Esta ciudad y el país no merecen vestirse de luto por recortes presupuestales criminales.
