La reducción presupuestal del 50 por ciento y el cambio de reglas del programa de Estancias Infantiles son el motivo de la primera recomendación al gobierno de la 4T por violaciones a derechos humanos.
Se trata, sin duda alguna, de un pronunciamiento que se agrega a la diversificada protesta por la decisión del presidente López Obrador de cancelar esa modalidad de atención a niños y niñas en la llamada temprana infancia.
Y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que encabeza Luis Raúl González Pérez formuló una recomendación sustentada en quejas de padres de familia, encargadas de estancias, legisladores y organizaciones sociales.
Si bien se ha hecho parte del paisaje, la imagen regresa de vez en vez a los actos presidenciales, donde no falta la protesta alusiva a la abrogación de las reglas con las que operaron estos espacios de atención infantil por más de una década.
Además de los recursos interpuestos en el Poder Judicial, donde ya se acumulan diversos amparos en favor de mujeres que reclamaron la desaparición de su medio de trabajo, ahora los defensores de las estancias infantiles cuentan con la recomendación de la CNDH.
¿De qué se trata este llamado al gobierno de López Obrador a rectificar en varios rubros?
De entrada, la CNDH concluyó que la abrogación a las reglas del programa de Estancias Infantiles es una medida regresiva que viola diversos derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias de los centros de cuidado y atención integral infantil, debido a la disminución del estándar de protección de los mismos.
Consecuentemente, en la Recomendación 29/2019, emitida el 31 de mayo, se argumenta que el recorte presupuestal y el cambio de las reglas vulneraron los derechos humanos de niñas, niños, madres, padres, responsables y trabajadoras, usuarios y beneficiarios del extinto Programa de Estancias Infantiles.
El llamado a rectificar deberá ser respondido por las Secretarías de Bienestar y de Hacienda, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), en tanto institución encargada de la supervisión de las estancias.
En atención a las quejas recibidas y a la revisión de las consecuencias de la medida, la CNDH concluyó que además de afectar a las 5,340 personas que presentaron 204 quejas formales, las citadas decisiones gubernamentales dañan a la totalidad de niñas, niños, madres, padres, responsables y trabajadoras usuarios y beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles, en tanto “trastocan la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas afectadas” y disminuyen la tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las y los agraviados.
En el documento, la CNDH aclara que no quiere entorpecer los programas de austeridad del actual gobierno. Pero alega que, según los hechos y las evidencias observadas, la Secretaría de Bienestar, la SHCP y la CONAMER llevaron a cabo un proceso irregular para la emisión de las nuevas reglas de operación del programa.
En la recomendación se cuestiona que el nuevo gobierno haya aplicado un recorte del 50 por ciento y haya ignorado los impactos positivos que el programa había tenido en las niñas y niños, madres, padres, responsables y trabajadoras de esos centros de atención, incrementando en 18 por ciento la probabilidad de las mujeres de encontrar empleo; y garantizando un mejor desarrollo infantil para los beneficiarios.
La CNDH documentó que hubo irregularidades en los censos realizados por la Secretaría de Bienestar para la inscripción al nuevo Programa, cuyas modificaciones se anunciaron después de que el presidente López Obrador aseguró que se habían inflado las cifras de los niños atendidos y que había corrupción en algunas estancias
En la recomendación se afirma que al menos 6,620 personas menores de edad que eran beneficiarias del programa no fueron censadas para recibir los apoyos que ahora se limitarían a entregar el dinero a los padres.
La CNDH consideró que no hubo fundamentación para cambiar la modalidad de entrega del subsidio a transferencia económica directa, y cuestiona que ésta carece de mecanismos de supervisión.
¿Y qué recomienda la CNDH a las instancias gubernamentales que violaron los derechos humanos?
A la Secretaría de Bienestar, entre otras acciones, le plantea que debe establecer un mecanismo que restituya los derechos violados de niñas y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, así como un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
Le recomienda, por lo tanto, actualizar el padrón de beneficiarios; y pagar retroactivamente a las estancias infantiles los subsidios conforme el registro que se tenía hasta febrero de este año.
Igualmente, la CNDH alega que, el gobierno debe reconocer la inversión considerable que el Estado mexicano ha hecho en la capacitación y certificación de responsables de estancias, dándoles prioridad en la operación de los espacios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
Mientras a la Secretaría de Hacienda le recomienda garantizar el presupuesto que permita cubrir los derechos humanos violentados, a la CONAMER le señala que deberá garantizar la transparencia en las reglas de operación de los programas de desarrollo social.
Hasta el cierre de esta edición, ningún funcionario de las instancias reconvenidas ha dado respuesta a la recomendación.
Las declaraciones, las respuestas, la rectificación o el silencio que desde el gobierno se formulen frente a esta primera recomendación de la CNDH marcará la relación del presidente López Obrador con los defensores de derechos humanos.
Y marcará la capacidad de defensa de uno de los reclamos sociales más relevantes de las mexicanas: respuestas institucionales, de Estado, que les permitan conciliar la crianza de los hijos con su desarrollo profesional y laboral.
