A finales de mayo, México se sumó a la iniciativa Spotlight, un proyecto gestionado y subsidiado por Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) para erradicar la violencia de género, en un país donde cada día mueren nueve mujeres asesinadas. La propuesta, de acuerdo con una nota de El País, implica una inversión en una primera fase de 14 millones de euros (unos 300 millones de pesos) en cinco de los municipios mexicanos más conflictivos para ser mujer o niña: Ecatepec (Estado de México), Ciudad Juárez (Chihuahua), Chilpancingo (Guerrero), Chihuahua (Chihuahua) y Naucalpan (Estado de México). El objetivo del programa, que durará cuatro años, será expandir en una segunda fase las experiencias que resulten exitosas al resto del país.
Pero mientras lo anterior podría interpretarse como una bocanada de aire fresco, y los reflectores se posaron sobre este evento internacional, en el país, en la esfera legislativa, el panorama no es tan alentador. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) ha generado rechazo por la ausencia de un enfoque de género. Entre las detractoras del plan llama la atención la presencia de la diputada morenista Beatriz Rojas, quien mencionó:
“Es necesario comentar que no se hace ningún diagnóstico en específico sobre la problemática, en especial, de violencia extrema hacia las mujeres. No existe especificidad en los objetivos a la problemática, por lo tanto, tampoco existen estrategias. Falta integrar datos estadísticos que muestren la problemática real en la que viven las mujeres.
Se proponen distintas acciones, ninguna de ellas refleja la incorporación de la perspectiva de género”, señaló, de acuerdo con una nota de Reforma.
La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género se dijo preocupada por el documento, ya que no garantiza impactos en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, en días previos, durante los foros que se llevaron a cabo para recoger las opiniones de organizaciones civiles, legisladoras y académicas, la mayoría de las participantes criticó el PND por considerar que plantea retrocesos en materia de igualdad de género.
Y por si esto no fuera suficiente, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, rechazó emitir la alerta de género para la Ciudad de México. De acuerdo con información de El Sol de México, para la secretaria, la violencia que viven a diario las mujeres en la ciudad no fue suficiente motivo y rechazó la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México por dos argumentos.
El primero porque, según Segob, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha emprendido en estos últimos seis meses “acciones relevantes” para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (esperemos que con mejor tino que la improvisada sugerencia de que los niños puedan ir con falda a la escuela).
La segunda justificación que da Gobernación es porque “no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género”, según se lee en el dictamen firmado por María Candelaria Ochoa Ávalos, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Ante estos escenarios tan contradictorios, podemos preguntar: ¿Cuál es el verdadero papel y nivel de compromiso del actual gobierno con las mujeres? ¿El que se muestra en los foros internacionales o el que es demostrado día a día con acciones que van en detrimento de su seguridad?
Mientras se resuelve esa incógnita, cada día mueren en el país al menos nueve mujeres más, víctimas de la violencia machista. ¿Será que con solo buena intención basta? ¿O será que la perspectiva de género sólo será para quedar bien afuera?
