El Congreso mexicano saldó una deuda histórica con la democracia al elevar a rango constitucional la paridad de género, a fin de que haya igual número de hombres y mujeres en los tres Poderes de la Unión y en todos los órganos autónomos, así como en la postulación de candidaturas de los partidos políticos.
Durante largos años, las mujeres han estado excluidas de la responsabilidad pública y de la repartición del poder político y en los pocos casos en que han logrado acceder a algún cargo de responsabilidad, casi siempre deben pagar las facturas de la discriminación y de la violencia.
¿Habría sido posible que los hombres tuvieran la oportunidad y libertad sin límite para generar ideas, participar en espacios de deliberación y ejercer el poder, sin que las mujeres se hicieran cargo de las labores de la casa, del cuidado y protección como madres, esposas e hijas?
Los propios estereotipos de una sociedad machista marcaron desde el inicio de los tiempos el papel de las mujeres como compañera de travesía y factor de apoyo. Siempre en un segundo plano.
El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto y casi 10 años después, en 1964, tuvimos las primeras senadoras: María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia y fue hasta noviembre de 1979 cuando Griselda Álvarez se convirtió en la primera gobernadora (Colima).
Si consideramos que las mujeres son más de la mitad de la población en México, la cancha no había sido pareja.
A golpe de sentencias y resoluciones, las autoridades electorales han aplicado una serie de acciones afirmativas que han permitido avances relevantes en materia de paridad de género, en lo que se refiere a la postulación de candidatos a puestos de elección popular.
Sin embargo, el famoso caso de las juanitas es emblemático porque mostró el rostro de militantes y liderazgos partidistas que se resistieron a la paridad y, con engaños y artilugios, pretendieron violar la ley.
Con la reforma electoral de 2014, que estableció en la Constitución el principio de paridad de género en la representación política, se ha avanzado en la distribución porcentual de las diputaciones en los congresos estatales. Pero persistieron las resistencias y los intentos de fraude a la ley, que debieron corregir los tribunales.
Hoy, gracias a esa lucha, la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión es casi totalmente paritaria: 259 hombres y 241 mujeres en la Cámara de Diputados; 65 hombres y 63 mujeres en el Senado de la República.
Aunque se han registrado avances en el Poder Legislativo, los rezagos en la paridad de género son notorios en el Poder Ejecutivo y en el Judicial. De 18 secretarías de Estado, sólo hay presencia femenina en ocho; de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo hay dos mujeres; de siete miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sólo hay dos magistradas.
Ni qué decir en los organismos autónomos, donde los varones tienen una abrumadora mayoría. En el Instituto Federal Telecomunicaciones (IFT) hay siete hombres y ninguna mujer; en el Instituto Nacional Electoral (INE) hay siete consejeros y apenas cuatro mujeres; en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) hay cuatro comisionados y tres mujeres; en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) son cuatro hombres y dos mujeres; y en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hay cinco comisionados y dos mujeres.
A nivel local, la diferencia es aún mayor. Prácticamente en 30 años, sólo ha habido nueve mujeres gobernadoras y en las autoridades electas en 2018, actualmente en funciones, la representación de mujeres apenas es de 21 por ciento en los gabinetes de los estados, 28 por ciento en los congresos locales y 12 por ciento en alcaldías.
Al elevar a rango constitucional la paridad de género surge una nueva esperanza: que las mujeres, con otra mirada, ejerzan efectivamente el poder e influyan en la toma de decisiones, para determinar el rumbo de la Nación, sin burlas, sin discriminación, sin violencia.
Lo harán, confío, estoy segura, con una agenda de género que muestre el talante, la sensibilidad, la fortaleza para avanzar hacia el progreso y alcanzar nuevas libertades.
Llegó la hora de reivindicar a las mujeres y tomarlas en cuenta para que participen en el ámbito público con toda la riqueza de su conocimiento, trayectorias, ideales y proyectos. Una decisión histórica, que pone fin a las simulaciones, a las cuotas de género y a las decisiones políticamente correctas. ¡Enhorabuena para todas y todos!
