Desde antes de que asumiera formalmente la Presidencia de la República el primero de diciembre de 2018, diputados y senadores de Morena y de los partidos que conformaron la coalición Juntos haremos historia le han dado a Andrés Manuel López Obrador las reformas para comenzar a cumplir sus promesas de campaña.
Así, le aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con las que organizó su gobierno al revivir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; crear la Secretaría del Bienestar en reemplazo de la Sedesol; sustituir al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y dar origen a la figura de los “superdelegados” estatales para administrar los programas sociales.
De la misma forma, avalaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), organismo que sustituyó a la PGR; la sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); además, pese al rechazo de la oposición, se reformó la Ley Federal de Entidades Paraestatales para permitir al escritor Paco Ignacio Taibo II, nacido en España y naturalizado mexicano, ser titular el Fondo de Cultura Económica (FCE).
También se aprobó la Ley de los Salarios de los Servidores Públicos, la Ley de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación. Todo esto durante el primer periodo ordinario de sesiones.
Durante el segundo, que inició el pasado primero de febrero y concluyó este 30 de abril, la generosidad del Congreso para con el Jefe del Ejecutivo no paró luego de que le aprobó tres reformas constitucionales en materia de Seguridad Pública: la creación de la Guardia Nacional; colocar la corrupción, el “huachicoleo”, así como los delitos electorales y fiscales como parte del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, además de que ampliaron los delitos para la extinción de dominio.
Y no sólo eso, abrogaron la “mal llamada” Reforma Educativa y aprobaron la Laboral para adecuar nuestro marco legal de trabajo con los términos del T-MEC.
Sin embargo, pese a las buenas cuentas que pueden entregarle Ricardo Monreal y Mario Delgado, los coordinadores parlamentarios en el Congreso, a su jefe máximo, la lista de pendientes es todavía muy extensa y dan para uno o varios extraordinarios. Entre ellos están la eliminación del fuero (sólo para el primer mandatario pues senadores y diputados se autoexcluyeron de último momento); las leyes secundarias de la Guardia Nacional y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
La revocación de mandato; disminuir las prerrogativas para los partidos políticos; el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar con eficacia los desvíos de recursos de origen local; la enmienda constitucional para garantizar la paridad de género en la administración pública, municipios y otros espacios diferentes del Poder Legislativo, así como el nombramiento de 18 magistrados de la Sala Superior y las cinco salas especializadas anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, están también dentro de los pendientes.
Lo cierto es que el 2 de junio próximo se celebrarán elecciones en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y la elección extraordinaria de gobernador en Puebla. Partidos y legisladores estarán una vez más volcados en las campañas, en las diatribas y en las descalificaciones.
Veremos entonces si Morena es capaz de seguir imponiendo su mayoría y si la oposición es capaz de darle los votos que le hacen falta para promover reformas constitucionales. Sólo entonces seremos testigos de si la generosidad del Congreso para con López Obrador, sigue vigente.
