Nasrin Sotoudeh recibirá 148 latigazos y pasará casi cuatro décadas en la cárcel. ¿La razón? Por defender de forma pacífica los derechos de las mujeres en Irán; por representar legalmente a las mujeres que se han manifestado contra la ley que obliga al uso del hiyab; así como por ayudar a periodistas, activistas, defensoras de los derechos humanos y a menores de edad que se enfrentan a la pena de muerte.
Ciento cuarenta y ocho azotes, 148 golpes metódicos sobre un cuerpo, 148 latigazos. Un acto cruel y espantoso, que viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos contenida en el derecho internacional.
Un suplicio mental que causará sentimientos de miedo, ansiedad, humillación y vergüenza. Eso, si consigue sobrevivir al dolor, al daño físico.
Cada látigo golpea la carne y provoca un moretón que se abre con el siguiente golpe. Las laceraciones pueden llegar hasta los músculos, los tendones, las venas y dejar expuestas las entrañas.
El dolor que la víctima puede experimentar es tan grande, que el corazón se acelera tratando de bombear una sangre que ya no existe; baja la presión sanguínea y el desfallecimiento es inevitable; podría recuperar el sentido, sedienta porque el cuerpo necesita recuperar fluidos para restaurar los niveles de sangre. El cuerpo intenta reestablecerse, en medio de un dolor agudo, incesante.
Es difícil imaginar la dimensión del dolor y sufrimiento de Nasrin Sotoudeh. Lamentablemente, no es una realidad ajena al México de nuestros días, donde los derechos de las mujeres también son vulnerados, con otros métodos de violencia y de tortura.
Al amparo de los usos y costumbres se ocultan grandes secretos en varias comunidades indígenas. Como domina un régimen patriarcal, las mujeres sobreviven en condiciones de inequidad, marginación, violencia y abusos que no sólo no son castigados, sino que son permitidos en un ambiente de complicidad ancestral.
Sólo a manera de ejemplo: en el estado de Chiapas, a golpe de chicotazos -otra modalidad del latigazo-, los padres castigan a las hijas que experimentan su sexualidad antes del matrimonio. Las mujeres son víctimas de violencia doméstica y sexual porque los hombres las consideran de su propiedad.
Y es que, para casarse, pagaron a la familia de la novia una dote que va desde los tres mil hasta los 40 mil pesos en efectivo, además de otra pesada en kilos de carne, plátano, frijol, tamales, canastas de pan, pozol, cajas de refresco, cerveza o cigarros para ser repartidos entre quienes integran la comunidad de quien será desposada.
Una vez casadas, basta que las mujeres conversen con otros hombres que no sean sus maridos o den un paseo por las calles sin la compañía de ellos, para que sean estigmatizadas como malas mujeres y ser castigadas con cárcel y multa.
Eso sí, es permitido que los hombres tengan más de una esposa y hasta que cohabiten juntos, en perjuicio de los derechos de la segunda cónyuge y de sus descendientes.
Un caso más. A María López, una mujer indígena tzotzil de 40 años, la acusaron de adulterio en el municipio de Zinacantán, localidad de los Altos de Chiapas. Fue golpeada y detenida en la cárcel durante 22 horas, por una decisión de la autoridad que rige en el sistema de usos y costumbres.
Tuvo que intervenir la Fiscalía General de Estado para que un juez de Paz y Conciliación Indígena resolviera la libertad de María, quien estuvo a punto de ser linchada por la esposa y los hijos de Mariano de la Cruz López, un policía municipal de la comunidad de Nachig, con quien la relacionaron sentimentalmente, sin pruebas.
Los usos y costumbres representan el modelo social más retrógrada que pueda existir, pues niega a las mujeres todo tipo de derechos y las condena a un sometimiento ancestral en aras del “respeto a la familia”. Se trata de una violencia histórica que es urgente erradicar. Ese es el reto: eliminar las barreras para que todas las mujeres desarrollen una vida libre y en paz.
