Por MARISOL ZÚÑIGA SALAZAR
Recientemente se desató una polémica ante la decisión del estado de Nuevo León de penalizar el aborto, algunas organizaciones feministas han expuesto su indignación, mientras otros grupos han mostrado empatía a partir del discurso “pro vida desde la concepción”. No es un marco exclusivo de Nuevo León, como sabemos, sucede prácticamente en todo el país, sólo en la Ciudad de México desde el 2007 se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Pero más allá de la polémica ¿qué hay detrás de ese marco jurídico que criminaliza a las mujeres que deciden no ser madres?
En ese sentido, existen algunos atenuantes del delito del aborto que vale la pena observar: en los códigos penales de Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas, se señala que si la mujer que abortó no tiene “mala fama”; que si logró ocultar su embarazo; o que si éste fue fruto de una unión ilegítima, es decir fuera del matrimonio; la sanción será menor. Por su parte, el Código Penal del Estado de México establece como atenuante que el aborto se haya realizado para ocultar la “deshonra” de la mujer, de ser así, se reduciría la pena a la mitad. En el caso de los códigos de Quintana Roo y Querétaro, la pena podrá reducirse en una tercera parte cuando el otro progenitor, es decir el padre, haya otorgado su consentimiento para el aborto y cuando éste viva con la mujer en algún tipo de unión.
Lo anterior muestra cómo se materializan en la ley, los estereotipos y prejuicios que giran en torno a los roles y conductas que se le imponen a una mujer.
En otras palabras: al penalizar el aborto, el Estado espera que seamos madres pese a nuestra propia vida en muchos casos. Sin importar las condiciones de salud, económicas, ni psicosociales en las que nos encontremos. En consecuencia, se limitan nuestras posibilidades de desarrollo profesional y laboral; lo que incrementa el riesgo de vivir situaciones de pobreza, violencia y vulnerabilidad social.
Por si fuera poco, en caso de embarazo, espera que éste suceda en el marco de la unión con una pareja, siendo la única forma “legítima” de ser madres. Pero además, espera que no interrumpamos la finalidad reproductora del matrimonio. Todo esto coarta el derecho de decidir sobre nuestra vida reproductiva, pero además expone un intento de control sobre el ejercicio de nuestra sexualidad.
Estas leyes a todas luces discriminatorias, reproducen la posición que pretende asignarnos un sistema patriarcal que nos rezaga y condiciona, para convertirnos sólo en agentes reproductores. Violan nuestra autonomía y derecho a decidir. Pero además ignoran nuestros derechos humanos, y de alguna manera legitiman la violencia sistémica de la que somos víctimas a diario.
Esta subordinación nos criminaliza y discrimina, y al mismo tiempo manda un mensaje claro: si decidimos salir del modelo de mujer que el Estado contempla para nosotras interrumpiendo un embarazo, tendríamos sólo dos opciones: o enfrentar un proceso penal que puede desembocar en la privación de la libertad; o recurrir a una interrupción insegura que puede desembocar en la pérdida de la vida. Es decir, enfrentar la prisión o la muerte.
Marisol Zuñiga. Egresada de la UNAM. Su pasión por la lucha a favor los derechos de las mujeres, la han llevado a estudiar diversos cursos diplomados en la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Ha colaborado en diversas Asociaciones Civiles en proyectos que proponen soluciones a las violencias que sufren las mujeres. Es amante del diálogo, apasionada de la lucha social, las relaciones en igualdad y el buen café. Facebook: Marisol Zuñiga / Twitter: @Soleildeplomb
