Miles de mujeres resultaron afectadas por el cierre de guarderías donde dejaban a sus hijos mientras ellas iban a trabajar.
Las principales en padecerlo, mujeres de bajos recursos, que ganan menos de seis salarios mínimos y que en muchos de los casos son el sustento familiar.
Tan solo en la Ciudad de México, se ha cerrado el 50 por ciento de las estancias, porque desde el 1 de diciembre ya no recibieron recursos.
La decisión del gobierno federal de disminuir a la mitad el presupuesto destinado al programa de estancias infantiles y quitarles el subsidio, no es tema cerrado. Por lo menos, no para miles de madres que han salido a las calles del país, a exigir que se revierta tal decisión.
Hace unos días circuló un video donde el presidente le dijo “ya, ya, ya, ya hablé de eso” a una mujer que le cuestionó el tema de las estancias.
Esa madre que intentó encararlo, es una madre que padece la angustia de no tener dónde dejar a su hijo, un lugar seguro, bien cuidado, en el que aprenda a socializar y que le ayude en su desarrollo a temprana edad.
Evidentemente la molestia de las madres, es por el castigo que recibirán miles de mujeres por la avaricia de corruptos.
Hace unos días, la Secretaría de Bienestar informó que en la administración de las estancias se creó una red de corrupción. Padrones inflados, prestanombres, estancias fantasmas, nula fiscalización y personal sin capacitación.
Que de las más de 9 mil 500 estancias infantiles, que eran administradas por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, el 70 por ciento tiene deficiencias graves.
Que lo mejor sería hacer un censo y entregarles a los padres de familia mil 600 pesos bimestrales por niño, quienes más lo necesiten, para que cada familia decida pagar la estancia, pagar a los abuelos o a algún familiar que cuide a los niños. Sin embargo, los riesgos son muchos.
¿Quiénes son los responsables de tantas irregularidades en las estancias infantiles? No hemos escuchado ningún nombre. No hemos visto que le finquen responsabilidad a alguien. Si hay responsables que se les castigue a ellos, no a los niños y a sus madres que en muchos de los casos tendrán que decidir entre cuidar a sus hijos en casa o trabajar.
Ellas no defienden la corrupción, al contrario, exigen que se aplique la justicia, para que las estancias sigan trabajando y que se mejore el programa para evitar fraudes.
Por lo pronto, son 330 mil niños los afectados y más de trescientas mil mujeres que requieren de una guardería, porque no tienen otra opción.
No hay que olvidar que, por encima de los malos hábitos de los adultos, está el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
La jurisprudencia advierte que las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo.
Ojalá reconsideren esta medida contra las estancias infantiles, que no se trata de un capricho, sino de un apoyo para madres y padres trabajadores.
