Redacción / México.- En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se cancelaría el el Programa Nacional de Estancias Infantiles, por lo que el recurso se destinaría directamente a los padres de familia.
El anunció ya provocó diversas manifestaciones de organizaciones civiles y de padres de familia, ya que merma tanto el el desarrollo de los niños como el de las propias madres de familia que se ven en la necesidad de trabajar.
En este marco, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, puntualizó que el gobierno no se ha enfocado en “construir un sistema de protección integral a la niñez, en el cual los servicios de cuidado, estimulación temprana y educación inicial, sea de sus componentes principales“.
Respecto a la declaración del primer mandatario sobre: “Ya se decidió que el apoyo será directo y los papás van a decidir, porque no queremos cargar nosotros, entre otras cosas, con la inseguridad y los riesgos de los niños, eso me preocupa, porque no es libre mercado, no es nada más darle a las guarderías y ya…”.
“El problema de esta posición es que se asume que hay un mercado justo y que es una cuestión de acudir al mercado para acceder a servicios oportunos y de calidad. Pero aún más, significa renunciar a la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos de las niñas y los niños, independientemente de que los servicios sean prestados por el sector público o el privado”, refirió la SIPINNA.
El organismo encabezado por Ricardo Bucio señaló que a pesar de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de los evidentes casos de corrupción y uso político del programa no debe cancelarse, “porque no se trata de una “simple intervención”, se trata de una de las vetas más importantes de la acción pública porque de ello depende nada menos que la posibilidad o no del libre desarrollo de la personalidad de cientos de miles de niñas y niños”.
Agregó que con esta decisión, la Presidencia de la República contradice un mandato constitucional en materia del principio de interés superior de la niñez, ya que el Estado no puede simplemente renunciar a su responsabilidad de garantizar un amplio estado de bienestar.
Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido: “El derecho del interés superior del menor… incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas —en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras— deben evaluarse en función del interés superior del niño
y han de estar guiadas por él…”.
Ante ello, el SIPINNA consideró indispensable “rediseñar los modelos de atención, pero no simplemente desarticular un aparato institucional ya en funciones y que, hasta ahora, parcialmente resolvía uno de los mayores problemas asociados a la desigualdad ente mujeres y hombres y todo lo relacionado con la economía del cuidado”.
Mediante un comunicado, se destacó que “asumir que las familias son el mejor espacio para el cuidado infantil, implica desconocer que más del 60 por ciento de las niñas y niños reportan maltrato en sus hogares, y que de las víctimas de abuso, maltrato y violencia, una inmensa mayoría alega que el abuso fue cometido por alguno de sus familiares”.
