Hay luto en México, por una desgracia que pudo evitarse. Casi 100 familias en Tlahuelilpan, Hidalgo, lloran a sus muertos. Cada día la cifra crece, hay heridos muy graves y aún buscan a decenas de desaparecidos.
Ni ante esta tragedia, la peor que ha ocurrido en Hidalgo, nos conmovemos. La arena libre que son las redes sociales ha mostrado la parte más vil del ser humano. Personas que han justificado la muerte de quienes se abastecían de gasolina que salía de una toma clandestina.
Hay quienes han tomado partido frente a la desgracia, unos exonerando responsables y otros señalándolos. Unos acusando a las administraciones pasadas y otros a la falta de pericia y de estrategia del actual gobierno.
En una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica presentada el 21 de enero, sobre la explosión, a nivel estatal, el 67.9 por ciento asegura que quienes se acercaron por gasolina eran personas comunes, mientras que el 26.1 por ciento sí los calificó como huachicoleros.
A la pregunta de quienes fueron los principales responsables de la explosión 44.1 por ciento señala a los mismos pobladores; 32.8 por ciento a los huachicoleros; 9.4 a PEMEX y 4.7 al gobernador y las autoridades locales.
Todos tienen una versión de los hechos, pero solo una nos podrá revelar qué ocurrió. Una verdadera prueba para el recién nombrado Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Para que no haya impunidad, su independiente investigación tiene que explicar a la sociedad qué papel jugaron las autoridades federales, estatales y municipales, PEMEX, el Ejército y, desde luego, quiénes fueron los que perforaron el ducto.
No es la primera vez que una turba aprovecha el momento para salir beneficiada a pesar de ser ilegal. Por ejemplo, la volcadura de algún camión para llevarse parte de la carga. A penas hace unos días, en Veracruz, vimos como un tráiler que transportaba ganado, tuvo un accidente y los habitantes abrieron el contenedor y se llevaron a las vacas. Unos, incluso, destazaron a los animales heridos para llevárselo en partes.
Lo que preocupa y debe ocuparnos como sociedad, es por qué ocurren situaciones que hacen ver como normal la ilegalidad y nos llevan a la rapiña, al abuso, al saqueo, al robo.
Y esto se hace ante la omisión de las “autoridades”, que lo han solapado.
El nuevo gobierno está frente a la oportunidad de resolver esta crisis con la ley en la mano, sin retórica, ni frases al vacío, con la fuerza que le da el poder y con los argumentos que proporcione la investigación.
Van 96 muertos y lo que espera la sociedad es saber quiénes son los responsables, más allá de que los pobladores hayan pagado muy caro su irresponsabilidad.
