Redacción / México.- “El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público”, señala en su informe anual Human Rights Watch (HRW).
El análisis que incluye la situación de los derechos humanos en 90 países refiere que el mundo vive “tiempos oscuros”, aunque la “resistencia” está “cobrando fuerza” en las instituciones y en la calle, especialmente en América Latina.
El informe que se presentó ayer en Berlín, Alemania, revisa 11 aspectos de México: Sistema de justicia penal; abusos militares e impunidad; tortura; desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales; ataques contra periodistas; derechos de mujeres y niñas; migrantes y solicitantes de asilo; orientación sexual e identidad de género; derechos de discapacidad y actores clave.
“Hubo pocos avances para mejorar las prácticas de derechos humanos durante la gestión de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), ya que miembros de las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas”, destaca la organización internacional.
HRW alertó que “la corrupción […], falta de capacitación, complicidad de agentes del ministerio público y defensores de oficio con delincuentes” son las razones principales de que no hay en justicia en México.
México aprobó en 2013 una Ley General de Víctimas, y en 2017 también hizo reformas para reducir aspectos burocráticos y con ello mejorar el acceso a la justicia, sin embargo, “las víctimas señalan que las demoras burocráticas siguen obstaculizando su acceso”, dijo la organización.
Respecto a los abusos cometidos por militares, la organización destacó que la utilización de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad ha provocado que desde 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México recibiera más de 4 mil 600 denuncias por supuestos abusos cometidos por militares.
TORTURA
En este tema, se señala que “es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales”.
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a más de 64.000 personas que, en 2016, estaban encarceladas en 338 cárceles de todo el país, el 64 por ciento de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada. El 19 por ciento de estas personas indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 por ciento haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59 por ciento haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 por ciento manifestó haber sido amenazados con la posibilidad de que hicieran daño a sus familiares.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Procuraduría General de la República inició más de 9.000 investigaciones sobre torturas. No obstante, son pocos los casos en los que quienes cometen torturas son llevados ante la justicia.
DESAPARICIÓN FORZADA
“Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido un fenómeno extendido. Organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones”, dice el texto.
Tan solo en octubre de 2018, el secretario de Gobernación anunció que aún se desconocía el paradero de más de 37.400 personas desaparecidas desde 2006. Mientras que la CNDH informó que más de 3.900 cuerpos han sido hallados en más de 1.300 fosas clandestinas desde 2007.
ATAQUES A PERIODISTAS
HRW señala que las agresiones a periodistas están principalmente relacionadas con su labor, al tratar temas sobre el crimen organizado y realizar “críticas” a las autoridades.
Según datos de la Procuraduría General de la República, 110 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre enero de 2000 y agosto de 2018. La CNDH acusó una cifra incluso mayor, al informar sobre 148 periodistas asesinados desde 2000 y 21 desaparecidos desde 2005.
“Entre octubre de 2012 y julio de 2018, 418 periodistas pidieron medidas de protección, que en 357 casos fueron autorizadas. Sin embargo, el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento o, en algunos casos, insuficiente”.
DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
En este rubro, el organismo destaca que tanto el Estado, así como el derecho mexicano no protegen adecuadamente a mujeres y niñas de la violencia doméstica y sexual.
Refiere que “de los 32 estados de México, 18 han establecido en su Constitución que el derecho a la vida existe desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos —incluida intimidación por parte de autoridades— cuando intentan obtener abortos tras sufrir violencia sexual.
Según un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2016, México condenó a 98 mujeres por abortos.
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