El próximo 23 de agosto está previsto que, el Instituto Nacional Electoral en sesión de Consejo General resuelva lo conducente al registro de los partidos políticos Encuentro Social y Nueva Alianza, ya que ambos institutos después de los resultados electorales del 1 de julio no alcanzaron el porcentaje que establece la ley para mantener dicho registro.
Esto sucederá después de lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral que consideró infundados los motivos de agravios con los que los partidos pretendían se llevarán a cabo nuevos recuentos y así, recomponer los cómputos de votos a su favor para alcanzar en alguna de las elecciones federales el 3 por ciento de la votación válida emitida.
Con la determinación del INE, el sistema de partidos en nuestro país se modificará, y solo tendremos siete partidos políticos nacionales, sin embargo…
…a pesar de que tendremos menos dos institutos, lo cierto es que eso no se traduce en un menor costo, esto significa que la bolsa de recursos económicos es la misma, simplemente se divide entre menos partidos.
Tener menos partidos políticos debería significar menor gasto, pero esto no es así, pues la fórmula para calcular la asignación de recursos para el financiamiento público a que tienen derecho es la misma, salvo que se divide entre menos, es decir la bolsa para repartir es por el mismo monto.
Lo anterior tiene sustento constitucional, pues en el artículo 41, establece que los partidos políticos nacionales recibirán financiamiento público para sus actividades ordinarias, específicas y de campaña, el cual será distribuido por la autoridad administrativa electoral de acuerdo a una fórmula cuya regla especifica es 30-70 por ciento.
Esta regla no dice mucho, hasta que agregamos el principal ingrediente para realizar el cálculo al cual pertenecen los mencionados porcentajes de 30 y 70: el padrón electoral.
Para establecer el monto a distribuir, se multiplica el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, en este caso federal, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de lo que resulte, el 30 por ciento se otorga de manera igualitaria a cada uno de los partidos políticos nacionales con registro, para el próximo 2019 será para cada uno de los 7 institutos. Y el 70 por ciento se distribuye de conformidad con los resultados electorales obtenidos en la elección de diputados federales inmediata anterior, esto es, la de este año.
De las reglas de distribución señaladas podemos observar que aún y cuando tendremos dos partidos menos en nuestro sistema electoral, lo cierto es que la bolsa a distribuir de recursos públicos no disminuirá, pues su cálculo obedece al número de ciudadanos que tiene contabilizados el Registro Federal de Electores y que conformamos el padrón electoral, así como el valor de la UMA.
En esta ocasión menos dos partidos no significa menos gasto, pues la bolsa a repartir es la misma solo que entre menos. Ello significa que los partidos nacionales podrán aspirar a un mayor monto de recursos, sin embargo con los resultados electorales varias fuerzas políticas que obtuvieron pocos diputados de mayoría, su bolsa del 70 por ciento no será de un monto tan alto como en otras elecciones.
Así tendrá que ser hasta la próxima elección federal, esto es, dentro de tres años que se renueve a Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que se tenga un nuevo esquema de triunfos electorales por los partidos políticos, a los que de ser el caso habrá que sumarles aquellos partidos que logren cubrir los requisitos legales y constituirse en partidos nacionales.
Desde ahora se antoja que por lo menos los dos partidos que perderán el registro intenten iniciar el proceso de constitución en enero de 2019.
En el ambiente también está la intención de disminuir el financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos, aunque esa discusión no ha iniciado será uno de los rubros de análisis de una futura reforma electoral, que seguro sucederá. El tema del dinero debe proponerse con cuidado y responsabilidad, no es solo disminuir el monto por hacerlo, la lógica de la supremacía del recurso público frente al privado, implica que los actores políticos no ingresen recursos cuyo origen sea ilícito o prohibido por la ley, además de privilegiar el principio de igualdad y la equidad.
