Por GERARDO GALARZA
Vamos a empezar, como debe ser, por el principio: el escribidor cree en el perdón.
Faltaba más. A lo largo de su vida ha gozado de los beneficios, de las bendiciones del perdón. Y, porqué no decirlo, también ha sido, menos veces, benefactor del perdón.
Desde las épocas del Jesús histórico es suficientemente conocido, lo dicen los Evangelios, que “a Dios lo que es de Dios y al César lo que el del César”. A riesgo de ser calificado de hereje o alguna otra desviación, la traducción popular puede ser: unas son las cosas del alma, y otras las del cuerpo. O de otra forma: unas son las cosas de la vida en sociedad y otras las de las creencias religiosas o de su ausencia.
En México, un presidente de la República llamado Benito Juárez, hoy máxima de referencia y de reverencia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, promovió y logró el establecimiento de las leyes que separaron al Estado (el César) de Dios (la Iglesia). Dicen que se llamaron Leyes de Reforma.
Hoy, después de unos 160 años, en el presidente electo de México y sus próximos colaboradores confunden delito (determinación del Estado) con pecado (determinación de la Iglesia).
Y en una abominable contradicción se llama al perdón del delito, para presuntamente establecer la justicia. Nada más falso. La Iglesia, sus sacerdotes y sus fieles, pueden perdonar el pecado, pero el Estado está obligado a sancionar a quienes cometieron un delito, o violaron la ley. Sencillo o complicado, según se le quiere ver: el estado de gracia nunca será equivalente, mucho menos igual, al Estado de derecho.
Sonia Morales, periodista ella, maestrante en historia, ha hecho notar al escribidor que una de las más notables diferencias modernas entre la aplicación de justicia divina (la que administra la Iglesia) y la justicia humana (la que administra el Estado) es la resolución del atentado contra el Papa Juan Pablo II; la misma que existe entre el perdón de las víctimas y la justicia a secas.
Tiene razón.
El agresor papal fue detenido y sometido a juicio. La víctima, el mismísimo Papa, visitó en la cárcel a su victimario y públicamente lo perdonó. El Estado italiano sólo aplicó la ley y, pese a ese perdón de la víctima, mantuvo al agresor en prisión, simplemente porque quebrantó la ley de los humanos y ésta, más allá de los castigos y perdones divinos o no, establecen una sanción, respaldada por la sociedad –agraviada en lo colectivo y en lo individual a cada uno de sus miembros–, para la comisión de delitos. (Hay que recordar que en su definición original el Estado es pueblo, territorio y gobierno, y que su esencia, su razón de ser, es garantizar la seguridad de todos los gobernados; es decir, impartir justicia).
“¡Justicia. Ni perdón ni olvido!”, reclaman los cercanos a la víctimas de la violencia en México en, cuando menos, los más recientes 18 años, en los foros de pacificación a los que ha convocado y organiza el próximo gobierno de la República para, eso dicen, conseguir la paz en el país.
Si los familiares de las víctimas están dispuestos a perdonar, correcto y están en su absoluto derecho, pero ese perdón no exime al Estado de la aplicación de la ley ni a la sociedad entera de su exigencia para ello ocurra. (Otro recordatorio: en México el delito de homicidio, entre otros, se persigue “de oficio”, es decir el Ministerio Público –representante de la sociedad— está obligado a investigar cualquier homicidio sin necesidad de que alguien presente una denuncia y aún en contra los deseos y peticiones de los familiares o cercanos a la víctima, conseguir pruebas y presuntos responsables y ponerlos a disposición de un juez, quien les dictará la sanción correspondiente. Sí, si hay delitos para los que se requiere querella de parte, denuncia de alguien, y hay algunos como ciertos fraudes u otros en los que la víctima puede otorgar perdón a su victimario y asunto arreglado, pero no es el caso).
A quienes estudiaron economía en los años setenta del siglo pasado –el escribidor ignora si después o ahora ocurra lo mismo—les enseñaron que no hay que confundir valor con precio, porque son conceptos diferentes. Sí, y también delito y pecado son conceptos absolutamente diferentes. El pecado se paga en la otra vida; el delito debe sancionarse en ésta. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, se dijo arriba.
Consciente está el escribidor de que el próximo gobierno de la República no es responsable de los delitos y la violencia imperantes en el país desde hace años, pero está obligado (y lo sabe o debe saberlo) a resolver ese gravísimo problema, luego de ganar las elecciones. La violencia y su impunidad es una de las razones por las que fue elegido frente a otras opciones políticas.
Si se trata de perdonar pecados, bueno pues habría que haber votado por algún cardenal, obispo o párroco. No, no se trata de eso; se trata de acabar con la impunidad. Los delitos no se castigan ni se borran con actos de contrición, oraciones ni penitencia… aunque, con mucha suspicacia o, dirán algunos, mala leche, de eso podría tratarse la “Constitución Moral”, en la que quizás en los delitos dejen de tener agravantes o atenuantes y se conviertan en mortales o veniales. Será cosa de ver.
