Por JUDITH CORONEL
Migrar es un derecho, sí, migrar es un derecho humano; y en México hacerlo sin la documentación requerida es una falta administrativa, pero no un delito. Sin embargo, en nuestro país, las personas migrantes sin documentos son sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en las estaciones migratorias administradas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Por lo que la segregación y violación de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, personas, todas en condiciones de vulnerabilidad, no es una práctica exclusiva del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
Señor Andrés Manuel López Obrador, como ganador de la elección presidencial, tiene ante sí múltiples retos, uno de ellos de gran relevancia, es definir cuál será su política migratoria; qué hará con las personas migrantes sin documentos, incluidos niñas, niños y adolescentes, acompañados y aquellos que viajan solos por territorio nacional. Y tendrá que reconocer que el nuestro es un país de origen, tránsito, destino y repatriación.
Recientemente, organizaciones de la sociedad civil, integrantes del Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura, demandaron que el próximo presidente de este país, reforme la política de la materia con un enfoque en derechos humanos, lo que, además, implicaría modificar la forma en la que operan las estaciones migratorias, y que en el tratamiento hacia la infancia se respete el interés superior del niño, la niña y el adolescente.
En este reclamo, estas organizaciones estuvieron acompañadas por el Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien señaló algo que sabemos, que los políticos y los funcionarios están conscientes de que como sociedad hemos fracaso en la defensa de los migrantes. Casos a parte y ejemplos admirables son los de Las Patronas en Veracruz, La 72 en Tabasco de Fray Tomás, las hermanas Scalabrinianas, y el mismo Alejandro Solalinde, quien figura para apuntalar en las políticas públicas de su gobierno en este renglón.
Señor futuro presidente, por si sus asesores no le informaron, le comparto que las cifras de detención y deportación en México, en los últimos años hablan por sí mismas. De 2013 a 2017, casi 700 mil personas fueron detenidas por razones migratorias; de los cuales 597 mil 602 permanecieron en esa condición hasta ser deportados; fueron confinadas en cualquiera de las 32 “Estaciones Migratorias” o las 27 “Estancias Provisionales”, en las que supuestamente permanecerían de 48 horas a 7 días. Tiempos que se alargan injustificadamente, y donde, por lo regular se les intimida para que no soliciten asilo, refugio o asesoría para legalizar su estancia. Son regresados a su país de origen poniendo en peligro su vida. Quizá tampoco le dijeron que con el Plan Frontera Sur, se violan los derechos humanos; que los migrantes son víctimas del crimen organizado y de las autoridades que deberían protegerlos, pero que en realidad están coludidas con bandas criminales… Quizá no le dijeron que todo eso pasa en México.
Señor futuro presidente, permítame recordarle a usted y quienes integrarán su gabinete, que los funcionarios están para funcionar y los servidores públicos para servir. Señor presidente electo, usted está obligado a hacer de la función y el servicio público una doctrina con rostro humano.
Judith Coronel es una periodista social con 30 años de experiencia en la cobertura de información política y de derechos humanos; que igual ha transitado por medios impresos y electrónicos. Amante de la literatura latinoamericana, las artes plásticas, la buena música –lo que sea que eso signifique-.
