Washington. Un reporte de The New York Times reveló una disminución en las denuncias de buso doméstico por parte de inmigrantes radicados en Estados Unidos, dado el miedo que tienen a ser deportados.
Los datos fueron reportados por los departamentos de policía de ciudades con grandes poblaciones hispanas, incluyendo Los Ángeles, Denver y San Diego.
Por ejemplo, en Houston, los informes de violencia doméstica latina disminuyeron tan sólo el año pasado un 16 por ciento, incluso cuando la comunidad hispana de la ciudad, que ahora es el 44 por ciento de la población, creció de manera significativa.
Una disminución de la culpabilidad de la policía en una nueva y dura ley de inmigración en Texas forma parte del clima político hostil en el país en torno a la cuestión de la inmigración ilegal.
La policía de Houston registró seis mil 273 informes de violencia doméstica de hispanos en 2016, en comparación con siete mil 460 en el año precedente.
“Los inmigrantes indocumentados e incluso los inmigrantes legales tienen miedo de denunciar el delito”, el jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, quien habló públicamente sobre la necesidad de que los líderes locales cuiden a los inmigrantes bajo una mayor presión de las autoridades estatales y federales.
Un caso que atrajo titulares nacionales en febrero de 2017, cuando una mujer transgénero indocumentada de México acudió a un tribunal en el condado de El Paso, Texas, para presentar una orden de protección contra su exnovio. Ella fue detenida en el lugar por agentes federales.
En entrevistas en Houston, activistas de mujeres, trabajadoras de refugios de violencia doméstica e inmigrantes compartieron historias detalladas de mujeres que se habían vuelto más temerosas que nunca de cualquier contacto con las autoridades, vinculando esos temores a la amenaza de la deportación.
Una mujer de 38 años dijo que nunca había llamado a la policía para hablar de su esposo, que con frecuencia la golpeaba, ni siquiera cuando tenía seis meses de embarazo, y le dio un puñetazo en el estómago, causando que perdiera al bebé.
Eventualmente, cuando su esposo amenazó con matarla, ella lo dejó, pero no lo denunció. “Sé que la policía está allí para ayudar”, dijo la mujer, que temía ser identificada y deportada si daba su nombre. “Pero con las leyes ahora, muchas mujeres como yo tienen demasiado miedo para presentarse”.
La policía dice que muchas de las caídas más abruptas comenzaron a principios de 2017, cuando el presidente estadunidense Dolanld Trump asumió el cargo, pero las órdenes de deportación aumentaron en general a partir de 2016 y las detenciones de inmigrantes que comparecen en los tribunales también se incrementaron.
Una encuesta a cientos de agentes de policía, defensores de víctimas y fiscales en los 50 estados, publicada por la Unión Estadunidense de Libertades Ciciles en mayo, encontró numerosos informes de que los inmigrantes indocumentados son ahora más reacios a llamar a la policía, presentar cargos penales y testificar contra los agresores.
Un total de 82 por ciento de los fiscales encuestados dijo que los casos de abuso doméstico se han vuelto más difíciles de enjuiciar. Pero la amenaza en Texas ha sido particularmente pronunciada.
En el condado de Harris, que incluye a Houston, el número de inmigrantes transferidos de las cárceles del condado a agentes federales que ejecutan órdenes de inmigración aumentó 60 por ciento en los primeros cinco meses de 2017, según un análisis del Instituto de Política de Migración, un grupo de expertos en inmigración con sede en Washington.
En septiembre, la Legislatura de Texas aprobó una ley general que ordena a los departamentos de policía locales cumplir con las solicitudes de las autoridades federales para entregar a los detenidos locales sospechosos de estar ilegalmente en el país.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que la medida era necesaria para evitar que los municipios establecieran las llamadas “ciudades santuario”.
Bajo la nueva ley de Texas, conocida como el Proyecto de Ley Senatorial 4, los funcionarios locales podrían enfrentar penas de cárcel y multas que excedan los 25 mil dólares por negarse a cumplir con las solicitudes federales de “detención”.
A pesar de la caída en los informes a la policía, las víctimas están encontrando soluciones. El Centro de Mujeres del Área de Houston, que recibió 33 mil 692 llamadas a su línea directa de violencia doméstica el año pasado, vio un aumento en las mujeres hispanas que buscan ayuda.
Los asesores de la línea directa en el centro informan a las personas que llaman de sus derechos legales y los alientan a revelar su estado migratorio, para que se les informe sobre la solicitud de protecciones legales especiales que puedan estar disponibles.
A las víctimas de agresión sexual y violencia doméstica se les puede otorgar permiso para permanecer en Estados Unidos bajo lo que se conoce como visa U, quizás de forma permanente, si ayudan a la policía en su investigación.
Pero un tope legal de 10 mil visas por año ha resultado en un atasco: el año pasado, 33 mil 500 víctimas de asalto solicitaron visas U, más de tres veces el número disponible.
