El trabajo legislativo para que México avance en materia de equidad y género se colocó en el primer lugar de atención del Senado en los últimos seis años. En ese periodo sumaron 40 las leyes y reformas vigentes que la Cámara Alta procesó en ese tema.
Así lo informó el pasado viernes la periodista Leticia Robles de la Rosa en Excélsior. Su nota menciona que entre las reformas procesadas está “la obligación del Estado de implementar medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia, y la implementación de acciones y programas tendentes a fomentar el respeto de los derechos, las libertades y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia”.
Son dignas de destacarse en este recuento definiciones como la “violencia política de género”, relativas a las agresiones que causen daño físico, psicológico y sexual en contra de la mujer en el ejercicio de la representación política, para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o de la ley. También se legisló contra los estereotipos sexistas en la publicidad y sobre el derecho a la lactancia. Asimismo se incluyó a las mujeres solteras y víctimas de abandono o violencia de género y sexual como sujetos de asistencia social preferente.
Una noticia como ésta no debiera pasar desapercibida en un país como México, donde cientos de miles de mujeres tienen razones poderosas para estar inconformes, ya sea porque han sufrido discriminación por género, viven en carne propia las inequidades de la brecha salarial o son víctimas de agresiones que no son castigadas.
Para muchas, una noticia así puede ser motivo de un comprensible escepticismo. Es cierto que estamos en un país saturado de leyes que no necesariamente se cumplen. En el que no siempre embonan la realidad y el discurso legal, lo que da pie a que legislaciones bienintencionadas incurran en fallas técnicas o en una aplicación selectiva que al final del día deriven en impunidad.
Pero también es justo reconocer que estos cambios jurídicos son producto de un nuevo pacto social cuyo discurso cobra fuerza y paulatinamente se transforma en ley. La concreción de este nuevo pacto en la realidad requiere de una ciudadanía informada que esté al tanto de estos cambios y exija su cabal cumplimiento.
El feminismo, por supuesto, no puede quedarse al margen. Si no conocemos qué se legisla, no podemos vigilar el cumplimiento de las leyes. No todas las batallas se libran a fuerza de hashtags: hay algunas que requieren de las feministas un compromiso profundo para conocer y divulgar apropiadamente los cambios que se gestan en las instituciones políticas, para consolidar las que sean factor real de transformación sin dejar de ser críticos de las que presenten insuficiencias.
Estamos viendo en México que se gesta, aunque sea en el papel, un cambio en la percepción del papel de la mujer y un paso para, por fin, sancionar la violencia por género. ¿Falta mucho? Sí. Apenas inicia el camino. Por ello, se necesita que no nos marginemos en luchas aisladas y que vigilemos que esto que hoy surge tenga continuidad.
Para ello, una herramienta fundamental es el voto. En vísperas del trascendente proceso electoral que nos aguarda, es necesario que la nueva legislatura refrende su compromiso con las mujeres. Que entienda que no pensamos retroceder un ápice en la conquista de nuestros derechos y que vamos por más. Es preciso decirlo sobre todo a los futuros legisladores supuestamente de izquierda que, en aras de acumular votos, no duraron en aliarse con una organización de conservadores a ultranza que reniegan de estas conquistas.
Toca a las mujeres monitorear y exigir que el nuevo Congreso sea nuestro aliado en la lucha.
