Desde hace ya algunas décadas, el protagonista que nunca falta en un proceso electoral en México y que ya marcó su presencia en la elección más grande en la historia, es la violencia, a la que se ha sumado el crimen organizado.
Para los criminales que imponen sus reglas, a través del miedo y la violencia, es natural que entre más cargos de elección popular se jueguen (3 mil 416), tendrán más casos de sometimiento y castigo.
Por lo pronto, en siete meses, desde el 8 de septiembre a la fecha, van más de 80 crímenes de actores políticos, presidentes municipales, líderes locales y candidatos a un puesto de elección popular, según el informe de la Consultora Etellekt.
Apenas hace unos días en Michoacán se reportó el asesinato de la Maribel Barajas Cortés, candidata a diputada local por el Partido Verde.
También el crimen de Juan Carlos Andrade Magaña, alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, que buscaba reelegirse por el Partido Movimiento Ciudadano y de José Efraín García, titular del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Puebla.
A estos lamentables asesinatos, súmele hostigamiento, secuestro, amenazas e intimidaciones de las que han sido objeto otros aspirantes y funcionarios que están entre la espada y la pared, o cooperan o cuello.
No hay cifras, pero es alto el número de precandidatos que se retiraron por amenazas de muerte a ellos o a sus familias, si continuaban con sus aspiraciones políticas.
La irrupción de la violencia en la política ha tenido costos muy elevados con sus prácticas de terror y sometimiento. Desde hace algunos años, es sabido que la delincuencia organizada ejerce su influencia en la composición política, principalmente a nivel municipal, así lo acredita el informe Etellek.
Esa violencia, evidentemente, no permite una elección, el resultado lo determina el crimen organizado. No hay competencia, hay miedo y obediencia.
Si no es así, lo resuelven de la manera más cruel, pero para ellos la más sencilla: matar a quien estorbe.
Las agresiones, según el informe, ocurrieron en 168 municipios de 29 estados del país. El 66 por ciento de los asesinatos fueron durante las precampañas e intercampañas.
Los principales estados donde ocurrieron Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
La mayoría fueron del PRI, 29; del PRD, 16 y del PAN, 8. El resto de otros partidos políticos.
El sistema de protección del gobierno no contempla la protección de los precandidatos y el protocolo de seguridad del INE garantiza únicamente a los candidatos que lo soliciten.
Ante el pánico, se ha planteado, sin éxito, la urgencia de un Protocolo para la Protección de Alcaldes y Candidatos a Puestos de Elección Popular. El lunes, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, insistió en la creación del Protocolo.
La Organización de Estados Americanos, OEA, también ha manifestado su preocupación por el crimen de un candidato cada cuatro o cinco días, lo que calificó como “violencia inaceptable en un proceso electoral”.
Las elecciones del uno de julio serán las más grandes de la historia, quizá las más vigiladas, pero lamentablemente ya son las más violentas.
Urge que las autoridades federales y locales tomen “verdaderamente” cartas en el asunto. Hasta hoy, parecería que los más de 80 asesinatos solo son una cifra más.
