Con mayoría de 68 votos a favor y 17 en contra en la Cámara de Senadores el 27 de octubre de 2016 se aprobó que cuatro de los siete magistrados electorales que habían nombrado, apenas siete días antes, ampliaran el periodo para el que habían sido electos.
El 3 de noviembre de 2016 los diputados se sumaron a ampliar ese periodo; 335 votos a favor y 84 en contra más tres abstenciones.
Quienes se opusieron en el Congreso y en la sociedad civil a esta maniobra, acusaron que se actuaba de manera inconstitucional. La renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación era un proceso de “cuotas y cuates”.
Así, José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González tenían un periodo original que iba del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019. Ambos dejaran el cargo el 31 de octubre de 2021.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón habían sido nombrados para un periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2021. Ellos dejaran el cargo hasta el 31 de octubre de 2024.
Los miembros restantes del tribunal, Felipe de la Mata, Mónica Seto y Janine Otalora, cumplirán el encargo original. Ellos fueron electos para ser magistrados electorales del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2025.
Pese a las irregularidades y trampas que presentó Jaime Rodríguez Calderón para contender como candidato independiente a la presidencia, los magistrados Felipe Fuentes –ponente de la sentencia que avala las trampas de “El Bronco”-, José Luis Vargas, Indalfer Infante y Mónica Soto, determinaron premiar la simulación y llevaron de la mano al priista en piel de independiente a la boleta electoral.
Desde 2016 la sociedad civil se opuso y manifestó el grave riesgo de ampliarles el periodo de actuación a los magistrados. Algunos políticos de oposición también lo hicieron.
Pero como la mayoría de los legisladores no hizo caso alguno de los riesgos que hoy padecemos, tampoco la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió las alertas de la sociedad.
Por mayoría de seis votos, los ministros de la Corte avalaron la chapucería.
De nada valieron los argumentos, las acciones de anticonstitucionalidad promovidas por Morena y el PRD.
Los senadores Ivonne Álvarez y Roberto Gil Zuarth justificaban la ampliación del plazo así: “Tiene por objeto establecer una temporalidad razonable que abona la consolidación del Estado de derecho y a las bases fundacionales de las instituciones democráticas”. Sí, Chucha.
Los magistrados del PAN de Ricardo Anaya y del PRI de Enrique Peña, ya le dieron un tiro de muerte al proceso electoral de 2018.
Al ampliarle el periodo a cuatro de los siete magistrados electorales tenía un costo que ya comenzamos a pagar: una elección sin certeza, en la que prive la ilegalidad, dependiente de Los Pinos y el PRI, parcial a favor del candidato del gobierno, nada objetivo al aplicar la ley pero eso sí, con la máxima publicidad para que los mexicanos sepamos de inmediato que no van a dejar el poder solo porque los ciudadanos quieren un cambio.
