Han pasado mil noventa y cinco días desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
Referirse a la recién promulgada Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares en nuestro país, es referirse a la ausencia de 43 jóvenes de Ayotzinapa que, hasta la fecha, siguen buscando sus padres. Para ellos sus hijos no están muertos mientras el estado no les entregue sus cuerpos.
Paradójicamente, a quien se le ha exigido la aparición de los estudiantes rurales, el presidente Enrique Peña Nieto es quien abre las puertas para que esta ley haga justicia a las víctimas de desapariciones forzadas.
En tres años del triste acontecimiento, su gobierno no ha sido capaz de explicar a los padres, hermanos, amigos de los alumnos guerrerenses dónde están, cómo y quién o quienes los desaparecieron y, mucho menos, les han hecho justicia a pesar del dolor y sufrimiento de sus familiares.
Han pasado mil noventa y cinco días desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los normalistas de Iguala ya no llegaron a sus hogares, ahora Peña Nieto anuncia que en 60 días se implementarán acciones que sistematizarán la instrumentación de la ley, tales como la creación del Sistema Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
¿Realmente había que esperar esta ley para que las instancias de justicia entregarán buenas cuentas a quienes han sufrido en carne propia de la desaparición forzada de un familiar? En el caso Ayotzinapa los principales sospechosos están detenidos y resguardados en penales de alta seguridad, no así los estudiantes. ¿Peña Nieto, la PGR, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero siguen sin saber nada?
No basta con la solidaridad del Presidente, ni con lamentar los hechos o reconocer que la desaparición de un hijo, hermano, padre o madre es una de las experiencias más dolorosas que enfrenta una persona, justicia es lo que hace falta.
Mi reflexión no pretende minimizar la entrada de esta ley que familiares, víctimas y organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos pidieron y en la cual participaron activamente, simplemente pretendo deja en claro que no debería haber un antes y un después si los gobernantes no fueran comparsas del crimen organizado y beneficiarios de la corrupción.
Todos los funcionarios que hoy aplauden la Ley de Desapariciones Forzadas duermen tranquilos, sus padres, hermanos e hijos también lo hacen, y me alegro por ello, pero no así los hombres y las mujeres que no saben si su familiar estará enterrado en alguna fosa clandestina de las que abundan en el país.
Justicia es lo que ha hecho falta, si existiera no habría una terrible cifra de más de treinta y dos mil personas desaparecidas, cifra que para vergüenza de las autoridades ni siquiera es confiable porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación no se preocupó por ordenar.
Enrique Peña Nieto está a unos meses de irse a su casa, hagamos votos para que antes haga justicia a las víctimas y a sus familiares y Ángel Aguirre Rivero pague por la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
