Redacción / La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a revisar y fortalecer el Mecanismo de Violencia de Género contra las Mujeres en México, ya que ha emitido 28 procedimientos de alerta de género en 27 entidades, dos de ellas en Veracruz, por alerta ordinaria y por agravio comparado.
Aunque la alerta de género por sí misma no va a cambiar la situación, pero es una herramienta que ayuda para generar política pública y que los gobiernos deben tenerlo como nicho de oportunidad para implementar medidas que coadyuven a evitar la muerte de mujeres por el simple hecho de serlo, destacó González Pérez, el presidente de la CNDH.
Indicó que el objetivo es que el mecanismo cumpla con mayor oportunidad, eficacia e integralidad su objetivo fundamental: garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.
A su vez, la directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Elsa de Guadalupe Conde, de la CNDH, señaló que en México, ocurren siete de los 12 asesinatos de mujeres que diariamente se registran en América Latina.
Sin embargo, el Observatorio de Género de Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reporta que esa información está basada en el registro de defunciones con presunción de homicidio que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Es decir, los datos que proporciona nuestro país se derivan de los certificados de defunción, no de las instancias de procuración de justicia”, expresó.
Indicó que en el país se cuenta básicamente con dos fuentes de información oficial sobre asesinatos de mujeres: las estadísticas del INEGI, sobre el número de defunciones de mujeres por homicidio y el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) que proporciona datos sobre las averiguaciones previas que se inician por el delito de feminicidio.
Conde Rodríguez resaltó que la alerta es un mecanismo que permite visibilizar no solo la violencia de género, sino también las omisiones de los gobiernos, así como las omisiones de los órganos de justicia para asegurar y garantizar a las mujeres y a las niñas el derecho a una vida libre de violencia, como establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En este marco, consideró que entre los desafíos que tiene el país está la armonización del término en el ámbito legislativo, al precisar que si bien 31 entidades del país prevén la violencia feminicida en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 28 la identifican como un problema de violación a los derechos humanos de éstas.
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