El Colegio Enrique Rébsamen ejemplifica nuestro fracaso como sociedad. En ese lugar, en sus ruinas, se sintetizan 32 años desperdiciados. Más de tres décadas de generar una cultura de protección civil, a partir del terremoto de 1985, reducidas a escombros. Lo peor es que entre esas ruinas perdieron la vida niños, quienes son nuestro presente y nuestro futuro.
El 31 de agosto de 1983, la Oficina de Planeación Urbana de la delegación Tlalpan emitió el permiso para que en el terreno ubicado en la calle de Rancho Tamboreo número 11, colonia Nueva Oriental Coapa, se construyera una “escuela para jardín de niños y dos departamentos en cuatro niveles”.
Con el uso de suelo número 1372 y la autorización de Seguridad Urbana No. 6701, el entonces delegado del Departamento del Distrito Federal, Guillermo Nieves Jenkin, y el Jefe de Oficina, José Manuel Lomas Uribe, autorizaron que en ese predio se edificara una escuela y sobre ella una casa. Esto fue legal debido a que en ese año las normas de construcción vigentes permitían los usos de suelo “mixtos”.
Con apenas tres meses de diferencia, el 25 de noviembre de ese mismo año, la delegación autorizó –a través de la misma oficina y con la licencia número 1226/84/14–, la “construcción de departamentos, oficinas y salón de juegos con uso exclusivo de los departamentos en cuatro niveles”, en el predio de Rancho Tamboreo 19. El documento fue firmado por los arquitectos Eduardo Castro González y José Manuel Lomas Uribe.
Para marzo de 1984, una vez más la Oficina de Planeación Urbana autorizó en el mismo terreno una “ampliación de construcción con local de especialidades en tres niveles” para el estacionamiento del edificio. El permiso fue emitido por los mismos arquitectos que aprobaron la primera licencia de construcción en este predio.
El 16 de marzo de 1990, la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica avaló que en ese edificio se impartiera educación secundaria, a pesar de que la normatividad lo prohibía en esa zona. Roberto García Rocha fue el arquitecto que autorizó este registro.
Incluso, en 2003, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) certificó al inmueble construido en Rancho Tamboreo número 11 como un lugar de “impartición de educación preprimaria y primaria, y compraventa de material y equipo educativo”, de acuerdo con el oficio de folio S1000190/2003, y con ello ratificó el uso de suelo del edificio.
En 2014, luego del sismo magnitud 7.2 que se registró el 18 de abril, el ingeniero civil Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quien se presentó como Director Responsable de la Obra (DRO), hizo constar que la edificación “cumplía con lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás reglas aplicables, en cuanto a sus condiciones de seguridad estructural”.
De hecho, los arquitectos Juan Mario Velarde Gámez y Juan Apolinar Torales certificaron que el edificio que operaba como secundaria, había pasado las pruebas de carga y no presentaba “agrietamientos, descascaramiento (sic) o deflexión de tan magnitud y extinción que sea obviamente excesiva e incompatible con los requisitos de seguridad”.
No obstante, la entonces directora de Manifestaciones y Licencias de la delegación, Julieta Cortés Fregoso, solicitó a la directora de la escuela y propietaria del predio, Mónica García Villegas, una evaluación del inmueble, así como una carta responsiva en la que constatara que el edificio cumplía con el Reglamento de Construcciones capitalino.
La dirección del plantel respondió que la edificación ya había sido inspeccionada sin que se detectaran daños estructurales o fuera necesaria alguna reparación. Ese dictamen, con fecha del 22 de septiembre y con vigencia de cinco años, estaba firmado por Mario Velarde Gámez, cuya licencia para operar como Director Responsable de Área, venció el 31 de julio de ese año.
Pero tan apócrifo era el permiso como la licencia y eso quedó plenamente demostrado el pasado 19 de septiembre, cuando la estructura se vino abajo, lo que provocó la muerte de 19 niños y siete adultos.
Y luego, como siempre, vino el intercambio de acusaciones. La actual jefa delegacional, Claudia Sheinbaum, aclaró que aunque el colegio se encuentra en su demarcación, su administración no es responsable de las irregularidades que pudiera presentar el inmueble, ya que esto es competencia del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
El titular del Invea, Meyer Klip, declaró que este organismo no tiene facultades de realizar revisiones, ni de suspender obras, a menos que reciban una denuncia ciudadana sobre el uso irregular de algún inmueble. Añadió que fue hasta 2016 cuando fueron alertados de la construcción de un jardín en la parte superior del inmueble, ubicado en Rancho Tamboreo 19, y entonces, dijo, indagaron las irregularidades del colegio.
De acuerdo con Meyer Klip, los representantes de la escuela presentaron un certificado de derechos adquiridos de 1993, pero ante la sospecha de que podría ser falso, interpuso una denuncia penal en febrero de este año e “invitó” al colegio a dejar de operar como centro educativo o a regularizarse.
Los dueños del Colegio Enrique Rébsamen, lejos de acatar la recomendación del Invea, impugnaron la decisión e iniciaron un juicio, que actualmente se encuentra en curso en el Tribunal de lo Contencioso. Razón por la cual, aseguró Meyer Klip, el Invea no clausuró la escuela.
Y así, en medio de permisos apócrifos, de certificados obtenidos seguramente por medio de “mordidas”, se condenó a la muerte a 26 personas. Y con esto se certificó nuestro fracaso como sociedad.
