La mayoría de los políticos mexicanos no son ni de cerca buenos para abonar al bienestar de la sociedad mexicana ni para consolidar mínimamente al Estado, pero eso sí, casi nadie les gana en chicanas (RAE: f. Artimaña, procedimiento de mala fe, especialmente el utilizado en un pleito por alguna de las partes).
Ya van más de dos años y medio de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y parece que el Gobierno Federal está revisando el saco de mañas para que este asunto, que lo ha deslegitimado como ningún otro en el sexenio en curso, se alargue varios años más.
Primer acto: Presentaron la VERDAD HISTÓRICA, que asegura que los estudiantes, luego de ser asesinados y sus cadáveres incinerados, los restos fueron esparcidos en el Río San Juan. Casi les sale, pero la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que participó por solicitud de los padres de los desaparecidos, cerró ese telón.
Segundo acto: El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la PGR que le haga caso en TODO a los expertos de la CIDH que plantearon diversas líneas de investigación para que la Procuraduría las siguiera; es decir, el Gobierno Federal le dio entrada a un personaje cuyo único papel en esta obra es la del coro en la tragedia griega, a saber, comentar los principales hechos en el desarrollo y enseñar cómo público debe reaccionar el ante la representación, más no es la clave para el fin del héroe trágico.
Esto es así, porque la decisión final de investigación le corresponde a la PGR, y la única presión que tendría para hacerle caso a los trabajos de la CIDH, tanto del GIEI como del Mecanismo de Seguimiento, es un posible informe de fondo que llevaría al Estado Mexicano, una vez más, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tercer acto: Saltó a la memoria de algunos astutos que en 2009 el Gobierno mexicano fue sentenciado y declarado culpable por la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, por la Corte Interamericana, caso emblemático en el continente y el mundo entero por ese delito de lesa humanidad. No es que se sintiera muy culpable, sino que el proceso para que se llegara a esta sentencia llevó casi 40 años y, para colmo, algunos de los responsables ya murieron, además de que no hubo sanciones penales contra nadie. Ya aprendieron cómo estirar la liga.
Entre el primero y el segundo acto, ya llevamos más de dos años desde la desaparición. A ese lapso hay que agregar el tiempo restante de actividades del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH en México, que al menos llevará seis meses más.
Sigamos sumando. Faltaría el periodo de investigación de la PGR, de ella habrá que ver los resultados, si es que los entrega. De ello dependerá que actúe nuevamente la Comisión Interamericana en su función primordial en el Sistema, pues con base en esos resultados podría emitir un informe con recomendaciones al Gobierno Mexicano (recordando que hay casos en los que no es necesario cumplir con el requisito de acudir a todas las instancias del sistema de justicia dentro del Estado, parte del Sistema Interamericano).
Sigue corriendo el calendario. Si no le hacen caso, emitiría su informe de fondo para llevarlo ante el máximo órgano de defensa y protección de derechos humanos en la región, la CIDH. Si esta Corte aceptara el asunto ya iríamos, al menos, a mediados o al final de la siguiente administración federal. Faltaría la sentencia y su cumplimiento. O sea, no estamos ni cerca del tercer acto.
La chicana del olvido está sobre la mesa, no por nada la Comisión Interamericana ya criticó la falta de celeridad de las autoridades en la búsqueda de los 43 y la falta de avances en las diferentes líneas de investigación. Si hacemos los números del cálculo político para que el paso del tiempo erosione la gravedad del caso Ayotzinapa, el resultado es ominoso, pero para quien sabe de las bondades de Cronos, es efectivo. Ya les decía: casi nadie les gana en mañas.
Mario López cuenta con 42 años en el ejercicio periodístico en Televisa y el periódico Ovaciones. Realizó las principales coberturas de los procesos judiciales: caso Colosio, caso Ruiz Massieu, caso Paco Stanley y diversos juicios instruidos en contra de capos vinculados con delincuencia organizada y narcotráfico.
