Se embarazan medio millón de adolescentes al año en México.
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha ha sido ocasión para escuchar discursos institucionales que manifiestan su “compromiso” para erradicar los diferentes tipos de violencia que se ejerce contra niñas, adolescentes y mujeres. Sin embargo, la realidad contrasta ante las siguientes cifras: México ocupa el primer lugar en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en embarazo de niñas y adolescentes. Con base en la información del organismo internacional Save the Children en México, se embarazan medio millón de adolescentes al año.
El embarazo de nuestras niñas y adolescentes debería de ser una prioridad de salud pública. Sus causas son varias: es un reflejo de la desigualdad social y del ciclo de pobreza de muchas familias, la falta de un compromiso gubernamental para identificar el problema, la falta de una política pública para nuestros jóvenes. Es decir, el tema del embarazo de niñas y adolescentes deja de ser un asunto exclusivamente del ámbito privado.
Me gustaría subrayar un dato de suma importancia, Save the Children en México indica que entre el 2006 y el 2014 se registraron casi 100 mil partos de mujeres menores a 15 años. Estos datos son alarmantes, pues muchos de los embarazos en estas menores fueron relacionados con temas de abuso o violencia sexual.
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asociación civil que promueve y defiende en el marco de los derechos humanos los derechos reproductivos de la mujer, dio a conocer en la campaña lanzada en América Latina “Niñas, no Madres”, el informe denominado “Violencia sin interrupción”. En dicho documento se describe la rigidez de las instituciones mexicanas ante el problema del embarazo, lo que está llevando a forzar a una niña a convertirse en madre, haciendo caso omiso de las consecuencias que esto pudiera tener tanto para la niña, su familia y el bebé.
“Violencia sin interrupción” pretende poner a la luz la continua violencia de la cual son víctimas niñas y adolescentes, que no sólo sufrieron violencia sexual, sino que ésta además se perpetúa ahora a través de las instituciones que le niegan la posibilidad de una anticoncepción segura.
Se destaca que en América Latina el 40% de los embarazos en adolescentes son producto de la violación. En el caso de México, del 2009 al 2016, 28 mil 252 menores de 15 años denunciaron ser víctimas de violación sexual, y sólo a 2 mil 419 casos se les ofreció anticoncepción de emergencia, lo que representa el 8.5% de asuntos resueltos.
Si las cifras oficiales de embarazos por violación a nuestras adolescentes nos parecen alarmantes, aún no es todo. El informe señala que el 60% de las violaciones a niñas y adolescentes son cometidas por un familiar o una persona conocida. Incluso se calcula que el 50% de estos delitos son realizados en sus hogares. Estos hechos también hacen pensar que los números mostrados pudieran ser todavía peores, pues muchas personas se niegan a denunciar una violación cuando es cometida por un familiar. El hogar se convierte en un espacio de vulnerabilidad para las menores de edad.
Las niñas y adolescentes mexicanas, son víctimas de una violencia familiar e institucional. Factores como la violencia sexual están asociados a la alta tasa de embarazos, y son expuestas a lesiones físicas y psicológicas e incluso a infecciones de transmisión sexual. El embarazo adolescente no solo trunca el curso de su niñez, sino además provoca la deserción escolar, agravando la situación de pobreza y marginación.
No es un tema reciente el asunto de los embarazos en adolescentes, sin embargo pareciera que para las instituciones han permanecido invisibles.
Urge una política de educación sexual, no podríamos seguir dejando como un asunto privado el tema de la sexualidad y continuar vulnerando los derechos de muchas menores.
El derecho a la educación sexual, a la anticoncepción, al aborto legal y seguro es necesario para el ejercicio de los derechos humanos de las niñas y adolescentes. Es urgente que las instituciones les garanticen no sólo una vida libre de violencia, sino con acceso a la salud, educación y una vida digna.
Es de llamar la atención la violencia sexual ejercida contra menores. Recordemos que en meses pasados con el hashtag #MiPrimerAcoso, en donde las mujeres a través de Twitter denunciaron cuando habían sufrido su primer acoso. Un número considerable de ellas había sido acosado durante su infancia. ¿Acaso estamos ante un problema de pederastia? Valdría la pena reflexionarlo.
Sin duda esta realidad aleja la posibilidad del empoderamientos de las mujeres. Reducir la brecha de género y plantear que en un futuro las mujeres tendrán acceso a la participación y oportunidades económicas, educación, empoderamiento político y salud: se torna como un horizonte ficticio. Es relevante que hoy en día las instituciones asuman como asuntos de interés público los embarazos en las adolescentes y desistan de continuar considerándolo un tema de moral individual.
Mayra Rojas es docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (Campus Estado de México), en la Universidad Iberoamericana (Cd. de México). Dra. en Ciencias Sociales y Políticas (Universidad Iberoamericana).
