El ambiente de acoso al Poder Judicial retrata la situación de la justicia en México.
Para evitar su extradición, el líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, inició una cruenta guerra contra los integrantes del Poder Judicial. En abril de 1984, ordenó el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y luego fue ejecutado el juez Tulio Manuel Castro Gil, quien investigaba ese crimen.
En 1986 cayó Hernando Baquero Borda, miembro de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
En octubre de ese mismo año, en un atentado, perdió la vida el magistrado Gustavo Zuluaga Serna, quien buscaba procesar a Escobar y a sus sicarios.
La lista es inmensa. Los homicidios de jueces, ministros y magistrados continuaron por años. Paramilitares y grupos delincuenciales menores imitaron ese método para someterlos. La justicia fue secuestrada.
Hoy México debe “echar sus barbas a remojar”. Observar esos ejemplos. Aprender de la historia. El pasado lunes 17 de octubre, el juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Militares, Vicente Antonio Bermúdez, fue ultimado de un balazo en la cabeza.
Mientras corría por calles de Metepec, Estado de México, muy cerca de su domicilio, un sicario lo alcanzó por la espalda y accionó el arma en su contra. El juez tenía en su escritorio juicios de amparo promovidos por líderes del crimen organizado pertenecientes a los Cárteles del Golfo, de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y Los Zetas.
Sin embargo, no contaba con escoltas ni condiciones especiales de seguridad, puesto que no existían reportes de amenazas en su contra, según informes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Algo así no ocurría desde 2006 cuando el juez René Hilario Nieto fue asesinado a balazos. El crimen lo habría presuntamente ordenado Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Antes, en 2010, hubo un atentado contra el juez federal Carlos Alberto Elorza del que salió ileso, aunque perdió la vida uno de sus escoltas.
En el ámbito local, los impartidores de justicia son más vulnerables. En julio pasado fue asesinado a balas Juan Octavio Morales, juez mixto de paz del municipio Eduardo Neri, Guerrero. En la Ciudad de México, corrió la misma suerte un juez del fuero común en mayo de 2014.
En junio de 2013 fueron levantados y muertos en Sinaloa, Isidro Hernández Ramírez, juez mixto, junto con su esposa y sus dos hijas. En 2008, Ernesto Palacio, juez Tercero de lo Penal, fue ejecutado con armas de grueso calibre mientras circulaba en calles del municipio de San Nicolás, en Nuevo León.
Mientras que el juez Quinto Penal, Mario Morales Navarrete, fue ultimado de 18 puñaladas por dos desconocidos que lo atacaron afuera de su domicilio, ubicado en una colonia de la periferia de Acapulco, en septiembre de 2006.
Se podría decir que los casos son pocos, pero uno solo es suficiente para despertar la alarma. De acuerdo con datos del CJF, 21 jueces y magistrados tenían escoltas en 2012, y otros 78 funcionarios contaban con un vehículo blindado.
De hecho, se informó que el CJF lanzó la licitación para adquirir 70 camionetas SUV blindadas para jueces y magistrados federales con sedes en Monterrey, Zapopan, Toluca y la Ciudad de México. El contrato podría rebasar los 100 millones de pesos y sería el mayor en su historia.
Además, existe un protocolo de seguridad ante amenazas a los juzgadores, y quienes son intimidados o reciben amenazas, son transferidos a otras plazas. Así ocurrió en febrero pasado cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Robespierre Robles Hurtado, dio a conocer que dos jueces habían pedido su cambio de adscripción, tras ser amenazados.
Hay otros impartidores de justicia que sucumben ante el poder corruptor del dinero. El año pasado, sólo en el Estado de México, 30 jueces estaban sometidos a una indagatoria por diversas irregularidades.
Esto describe un ambiente de acoso al Poder Judicial y retrata la situación de la justicia en México:
Uno: la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 92.8% a nivel nacional durante 2014, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 (http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_09_7.pdf)
Dos: que del 7.2% que sí se reporta, la mayor parte no se consigna ante un juez.
Tres: cuando los expedientes llegan a los jueces, éstos pueden ser objeto de intimidación o corrupción, el resultado es que cualquier posibilidad de justicia está anulada.
De ahí que sea necesario blindar al Poder Judicial. Pero ninguna medida tendrá sentido si antes no se resuelven los homicidios previos de jueces, incluido, por supuesto, el de Vicente Bermúdez. También se deben reforzar los protocolos de seguridad principalmente en los estados para evitar que los jueces queden en el desamparo cuando llevan casos que comprometen a la delincuencia organizada. También se debe combatir de manera frontal la corrupción.
El 23 de mayo de 1992, el juez italiano Giovanni Falcone, su esposa y escoltas, fueron asesinados cuando se hizo estallar el auto en el que viajaban. El hecho conmocionó a toda Italia y unió a su población en la lucha contra la mafia.
Ojalá y algo así ocurra en México, ya que jueces amedrentados significa, en los hechos, que la justicia esté amenazada de muerte.
Hannia Novell. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, realizó estudios en Periodismo, Literatura y Seguridad Nacional en diversas instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Centro de Comunicación, Radio Educación y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Especialidad en corresponsalía de guerra en La Universidad de Jerusalem (Israel) y una especialidad en comunicación política en George Washington University. Titular del noticiario estelar de Proyecto 40 en su edición nocturna.
