¡No sabemos dónde andará la justicia!
"¡No sabemos dónde andará la justicia!", dijo Sacramento en voz alta.
En el pueblo de San Juan de las Manzanas, hartos de los malos tratos del presidente municipal, los campesinos pidieron a las autoridades de la Asamblea, permiso para hacer “justicia por propia mano”.
Se cansaron de estar a merced de “tan mala autoridad”.
Querían matar al presidente municipal porque les ha robado, lo responsabilizan de asesinatos, les cerró el canal de agua de riego y porque a pesar del aumento de los préstamos del gobierno, ningún beneficio hay para ellos.
Ante tanta atrocidad, no hubo manera de negarles el permiso.
“Muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el presidente Municipal de San Juan de las Manzanas está difunto” Fue la respuesta de Sacramento.
Hace 61 años, Edmundo Valadés, escribió el cuento “La muerte tiene permiso”.
Se trata de un relato de ficción que seis décadas después, parece vigente.
El argumento en ese clásico de la literatura mexicana era el hartazgo. Que ahora ha sido superado por el rencor, la venganza, las disputas políticas y por la peor de las calamidades que hay en el país: el crimen organizado.
En México el asesinato de alcaldes, lamentablemente se ha convertido en un delito cotidiano y como si ya no sorprendiera, solo quedan en la estadística.
Recientemente ocurrieron dos más. El de los presidentes municipales de Pungarabato, Guerrero,Ambrosio Soto Duarte y de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González.
La Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Autoridades Locales de México, AC, han informado que en los últimos 10 años han sido asesinados 79 presidentes municipales y ex alcaldes. La mayoría en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Pocos casos se han esclarecido, aunque siempre escuchamos la frase “no quedarán impunes”.
El hecho es que ahora más que nunca, los presidentes municipales son muy vulnerables y no cuentan con la protección del Estado.
Presas fáciles de la amenaza, del hostigamiento y de terror del crimen organizado. A pesar del conocimiento de los gobiernos federal y estatales, en algunos casos.
Indigna escuchar a autoridades del gobierno de Guerrero, decir que Ambrosio Soto Duarte tuvo la culpa de haber sido asesinado por viajar en carretera en “horas peligrosas”. Vergonzosa declaración.
Suena difícil no creer que vivimos en un país en guerra constante, cuando todos los días tenemos cifras que van a la estadística de mexicanos desaparecidos o asesinados.
Según el INEGI en 2015 se registraron 20 mil 525 homicidios dolosos en el país, esta cifra no incluye quienes se encuentran en calidad de desaparecidos y que podrían estar muertos.
Bueno, si no es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cambió su metodología para medir el número de asesinatos dolosos, como lo hizo con la pobreza y la cifra es mayor.
Y más allá de la ficción, si la cifra de 17 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se mantiene, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto cerraría con 125 mil 852 asesinatos de este tipo. Cuatro mil más, aproximadamente, registrados durante el gobierno de Felipe Calderón, quien comenzó esta “guerra” contra el narcotráfico.
La muerte no debe tener permiso.
