Hay que voltear también a otros gobiernos.
Las palabras de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, retumbaron en los muros y las paredes de Palacio Nacional y salpicaron a muchos de los presentes, porque la corrupción e impunidad han dañado la vida democrática, la economía, el desarrollo social y la reputación internacional. En fin, han dañado a todos los mexicanos.
“Decidimos participar activamente en el proceso legislativo, porque hay una herida abierta en el cuerpo social de nuestra República. Porque queremos transformar, a través de las instituciones, el régimen en el que vivimos y restaurar algo de la confianza que las y los mexicanos deberíamos tener en nuestras autoridades”.
Con el pretexto de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, Bohórquez, rascó la herida y por el bien de México y su vilipendiada democracia, esa herida debe sanar.
Urgen cambios y hechos. Hemos visto infinidad de veces que las leyes en el papel no sólo no sirven, no le interesan a nadie. A pesar de saber que las leyes son para aplicarse, no más no ocurre.
Nadie mejor que el presidente Peña Nieto y su partido lo saben. El 5 de junio pagaron los costos, de gobiernos corruptos, de su omisa rendición de cuentas y de su nula transparencia.
¿Por eso pidió perdón?
En 2017 hay elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, previas a la presidencial del 2018.
¿Aún hay tiempo, para resarcir los daños? ¿Llegó tarde el perdón? ¿Ese gesto será suficiente?
¿Por qué pidió perdón el presidente, si insiste en que no hizo nada fuera de la ley?
Cometí un error, argumentó el mandatario, “porque los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también son responsables de la percepción que generan con lo que hacen”.
Ojalá que las acciones de inconstitucionalidad que presentó el gobierno federal contra los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por la creación “tramposa” de las Fiscalías Especializadas Anticorrupción, no sean sólo para generar una “buena percepción”.
La renuncia de Virgilio Andrade a la Secretaría de la Función Pública, pero ¿a quién le interesa? Si no hubiera estado las cosas seguirían igual, no hizo nada, pasó desapercibido. Exonerar al presidente y a su esposa no le sirvió de nada a la administración. Al contrario, provocó más irritación.
Regresar la Casa Blanca ¿en qué ayudó? Aquí habrá que preguntar cuál fue la percepción que generó con lo que hizo. ¿Un paliativo? ¿Otro perdón? ¿Más de lo mismo? ¿Se reabrirá la investigación?
Las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, no serán la varita mágica, que saque a México de este lastre en el que cohabitamos. El problema es endémico, que ya dejó “heridas” profundas.
Nadie podría negar que es buena noticia su promulgación. Sí, pero lo importante es lo que viene después, su aplicación. Es necesaria la voluntad política y compromiso de los tres poderes –ejecutivo, legislativo y judicial–, y sobre todo de la sociedad.
No sólo el PRI ha sido responsable de la corrupción. En el PAN y en el PRD han mostrado que ellos también pueden.
Hay que voltear también a otros gobiernos que tienen acusaciones de corrupción.
En Oaxaca, Gabino Cué, quien llegó al poder en coalición PRD-PAN igual que Mario López Valdez en Sinaloa. O en Puebla, qué tal con las acusaciones contra Rafael Moreno Valle.
