Sabemos que en las congregaciones religiosas se practica la homosexualidad.
Al manifestarse en contra de la iniciativa presidencial para garantizar el matrimonio igualitario, los poderes conservadores están atentando contra el Estado laico y los derechos humanos.
Es urgente que el gobierno federal, las fuerzas políticas, los ministros de la Corte, la sociedad civil organizada, Naciones Unidas y los ciudadanos en general lancemos un ¡no! tajante a la homofobia que esas expresiones conllevan.
Por supuesto que cada mexicano tiene la libertad de ejercer su religión y cultivar las creencias que de ésta se deriven, incluyendo las visiones de que existe una forma única de ser, familia o pareja.
Pero, ojo: estas ideas no pueden ni deben, jamás, interferir en la política pública de las instituciones que conforman al Estado mexicano que, por definición, es laico.
Sin embargo, la alta jerarquía del clero católico y algunas religiones evangélicas se han dado a la tarea de encabezar el rechazo a la iniciativa del presidente Enrique Peña para establecer constitucionalmente el derecho a las uniones conyugales entre personas del mismo sexo.
Se trata de una tarea que les está vedada. Por eso somos un Estado laico. Y éste se encuentra obligado a parar cualquier intervención en la vida política, partidista y electoral. Y más cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que es constitucional el matrimonio gay.
Sin embargo, esta vez ni el gobierno federal ni el partido en el poder han reaccionado a la altura de los hechos frente a la intromisión de las iglesias en dos sentidos:
Por una parte, atribuyen la derrota del PRI en las elecciones estatales de 2016 a la citada iniciativa presidencial y, según declaraciones a la prensa de los propios prelados, durante la pasada campaña hubo hombres de sotana que se pronunciaron en contra de los candidatos priistas por tal motivo. Consecuentemente, desde esa narrativa, el PAN ganó por mocho. Y nada más.
Y en vez de indagar a fondo las razones del fracaso y frenar el discurso homofóbico de las iglesias, políticos del PRI como el exabanderado presidencial Francisco Labastida alegan que esa propuesta de reforma del Ejecutivo Federal los hizo perder votos.
Todo indica que en medio del pasmo en el que se hallan, los priistas y un sector de la administración peñista han preferido que crezca esa cortina de humo en tanto siguen buscando nuevos chivos expiatorios.
Irresponsablemente, esos sectores retardatarios del PRI esperan que, al desviar la atención, podrán dejar de mirarse frente al espejo y afrontar la terrible realidad: que los candidatos de la oposición ganaron ahí donde la gente se sintió identificada con la oferta del castigo a las administraciones estatales corruptas.
Tres lustros después de que los priistas encabezaran en el inicio de la pasada década la resistencia contra cualquier expresión clerical del gobierno de Vicente Fox, bajo la reivindicación de Benito Juárez, hoy guardan cómodo silencio.
¿Dónde está la enjundia que los líderes, senadores y diputados del PRI tenían en el año 2000 cuando el guanjuatense repartía bendiciones, mostraba una cruz o se inclinaba a besar el anillo papal?
Dieciséis años después, de regreso en Los Pinos, los tricolores optan por le cuchicheo y, resignados, dicen que la molestia de las Iglesias por la iniciativa del presidente los llevó a la debacle. Y parece que rezaran en espera de nuevas evidencias que abonen en esa explicación.
Se trata de una historia hasta ahora sólo sustentable en el caso de Aguascalientes, donde la candidata perdedora, la priista Lorena Martínez, afrontó la embestida conservadora. Sin dar la cara ni sermones, prelados y operadores de la guerra sucia se la pasaron chismeando que la política pertenecía a la comunidad gay. Así que cuando se presentó la iniciativa de Peña, le subieron volumen al rumor.
¿Qué tanto pesó la activación de la ideología de la homofobia? ¿Ya lo midieron en serio? Porque en la vida cotidiana de los mexicanos, la aceptación a la diversidad es una realidad.
Lo que existe es un rechazo de los discursos conservadores de poder, al pretender imponer modelos de familia y de un deber ser que ni siquiera los propios curas alcanzan. Porque si a rumores vamos: ya sabemos que en las congregaciones religiosas se practica la homosexualidad.
Con excepción de la titular de la SEDATU, Rosario Robles, que reinvidicó la postura presidencial a favor de las uniones igualitarias al incorporar esta perspectiva en sus políticas de vivienda, el resto del gobierno sigue callado sobre la variable de la diversidad sexual en la derrota.
El silencio, sin embargo, alimenta el discurso de odio. Porque después de la masacre en la disco gay de Orlando, es obligación humana y democrática defender los derechos igualitarios y gritar un basta ya contra cualquier evidencia de homofobia.
Porque al César lo que es del César. Y a los fanáticos, la condena del oscurantismo.
